La Procuraduría General ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinar que el Bloque Occidental de las FARC, cometió secuestros con fines de explotación laboral, lo que constituye un patrón independiente de macrocriminalidad. Según la solicitud, el grupo guerrillero instrumentalizó a las personas, tratándolas como una propiedad y obligándolas a trabajos forzados.
La finalidad del secuestro en este caso era utilizar al secuestrado con el objetivo de extraer su fuerza laboral, como por ejemplo para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros, según lo señalado en el documento de observaciones presentado por la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría destacó en su solicitud seis casos de esta naturaleza, en los que las víctimas fueron dos campesinos, dos estudiantes y el conductor de una volqueta. Además, el documento cita el caso del secuestro de una mujer en Policarpa, Nariño, que fue llevada a un campamento guerrillero en la selva para ser forzada a trabajar en labores de cocina, limpiando las botas de los guerrilleros y obligada a sostener relaciones sexuales con ellos.
Le puede interesar: “Él no es el fiscal, el fiscal soy yo”: Barbosa arremete nuevamente contra Petro
“Antes del Auto 019 de 2021 muchas víctimas de diferentes Bloques no eran conscientes de que los trabajos forzados a los que fueron sometidos y el ejercicio de los derechos de dominio que los antiguos miembros de las Farc ejercieron sobre ellos era una forma especial de victimización: esclavitud”, indicó el delegado Acosta Aristizábal, quien también señaló que solo hasta que el Ministerio Público y el despacho de la magistratura dieron visibilidad a esta forma de victimización, fue cuando las víctimas empezaron a denunciar los hechos.
El Ministerio Público considera que el reconocimiento de este patrón por parte de la Sala de la JEP constituye también una garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, ya que negarlo implica invisibilizar una de las formas de victimización utilizadas por el Bloque Occidental de las FARC en el marco de la política de secuestros. Además, la reparación tendrá que caracterizarse a tono con el daño.
