La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de un recurso de reposición, la comparecencia del exdirector de Inteligencia de la Brigada XVI del ejército en Casanare, coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena.
Esta solicitud tiene como objetivo que Sarmiento Valbuena reconozca su responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en calidad de máximo responsable.
El procurador Delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, argumenta en el recurso que Sarmiento Valbuena utilizó su cargo para impulsar operaciones ilegítimas con información falsa, participando de manera determinante en la comisión de delitos particularmente graves y representativos que definieron el patrón de macrocriminalidad en Casanare.
Según lo concluido por la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP, el Estado Mayor de la Brigada XVI empleó a soldados entrenados en contraguerrilla, conocidos como Unidades Delta, para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales basadas en informes de inteligencia falsos avalados por Sarmiento Valbuena.
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La Procuraduría sostiene que los altos mandos de la brigada, incluido Sarmiento Valbuena, planearon las operaciones y estaban al tanto de sus detalles, señalando directamente objetivos militares para que las Unidades Delta llevaran a cabo las operaciones.
En referencia a las afirmaciones de varios comparecientes, incluido el entonces director de la Seccional Casanare del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Orlando Rivas Tovar, la Procuraduría destaca el papel de Sarmiento Valbuena como enlace con esa central de inteligencia en la planeación de operaciones ilegales.
Además, el Delegado de la Procuraduría explica que Sarmiento Valbuena también intervino en el encubrimiento de los crímenes, inventando falsos informantes, suministrando armas para ser colocadas en manos de las víctimas en las escenas de los crímenes, y presionando a sus subordinados para rendir declaraciones falsas ante las autoridades judiciales.
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