Después de varias quejas e inconformidades por parte de todos los directores de centros penitenciarios y carcelarios, la Procuraduría le pidió al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que entregara resultados.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Procuraduría General de la Nación solicitó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, resultados frente a las inconformidades planteadas por los directores de los 125 centros Penitenciarios y Carcelarios existentes en el país.
El requerimiento se da luego de que la procuraduría delegada para los Derechos Humanos realizara visitas a establecimientos como El Barne, La Picota, El Pedregal y La Tramacúa, entre otros, donde pudo establecer fallas en los servicios de alimentación que allí se prestan.
Representantes de esa delegada corroboraron dicha información con los 125 directores de los centros de reclusión del orden nacional existentes en el país, en una reunión organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, donde estos manifestaron sus inconformidades con el suministro de materias primas (mercado), problemas con la manipulación de alimentos y los horarios para el servicio de alimentación, entre otros.
“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, aseguró la Procuraduría en su comunicación.
Frente a esta situación la delegada para los Derechos Humanos solicitó a la USPEC el listado de contratistas que prestan dichos servicios, sus supervisores e interventores, fichas descriptivas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio y los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.
Otros informes
También requirió copia del más reciente informe presentado a la USPEC por el Comité de Salud y Alimentación (COSAL) organismo interno del régimen penitenciario que hace seguimiento al servicio de alimentación en cada establecimiento. Con esta información el Ministerio Público entrará a evaluar qué acciones tomará frente a dicha problemática.
Finalmente, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo un llamado a los actores del sistema penitenciario para mejorar la supervisión de los contratos de servicios alimenticios y adoptar las medidas correctivas establecidas por la ley si los operadores incumplen.
Huelgas
Es de recordar que casi 5 días; desde el 15 hasta el 20 de enero) las personas privadas de la libertad que se encuentran en la cárcel La Picota de Bogotá estuvieron en huelga de hambre, debido al mal estado de los alimentos que se entregan en el centro penitenciario.
Para ese momento, la Defensoría del Pueblo hizo presencia en el centro carcelario para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Durante su visita, los funcionarios se reunieron con 20 representantes del Comité de Derechos Humanos que manifestaron deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo sus alimentos, así como retrasos en las horas de distribución de los mismos.
De acuerdo con lo que dijeron para ese momento los PPL el desayuno se entrega a las 10:00 de la mañana, el almuerzo a las 5:00 de la tarde y la comida a las 9:00 de la noche “dejando en riesgo la vida de internos con patologías crónicas y que requieren una rigurosidad en la alimentación”.
Las denuncias de la mala alimentación en las cárceles de Bogotá las hizo el Movimiento Nacional Carcelario, que encontró que dentro de la comida de los internos del Buen Pastor, Picota y Modelo hay ratas, moscas y zancudos.
Las enfermedades que muchos de los internos padecen son causadas por la mala alimentación que reciben y esta situación se agrava por la ausencia de la atención médica y el tratamiento correspondiente.
Los encargados de la alimentación
El Gobierno Nacional, a través del decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011, creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, una entidad especializada que en consonancia con las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se concentra en la gestión y operación para el suministro de bienes y la prestación de servicios para esta población.
En entrevista con un medio de comunicación nacional El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC manifestó que “estamos haciendo un rediseño institucional para revisar el hacinamiento. Muchos beneficios administrativos no se les están dando, como beneficios de 72 horas o libertad condicional. Y es porque están desbordadas las oficinas jurídicas. Estamos trabajando en esos proyectos, junto con la Defensoría y las universidades, para que tengamos más abogados en las cárceles. Esperamos que puedan agilizar el tema de los subrogados y trabajen en articulación con los jueces de ejecución de penas”.
También aseguró que se está revisando el tema de la alimentación dadas todas las quejas que se han recibido con los directamente responsable.
