La Procuraduría General de la Nación hizo una solicitud al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, para que informe sobre las acciones emprendidas por el Gobierno nacional en relación con la protección de los derechos de los habitantes de la vereda San Vicente, en La Plata, Huila.
Esta comunidad ha sido víctima de actos de intimidación y constreñimiento perpetrados por disidencias de las FARC que operan en la zona.
La petición proviene de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, en respuesta a información proporcionada por las autoridades departamentales. Estas indicaron que miembros de la columna móvil Ismael Ruiz de las disidencias han estado presionando a la comunidad y hostigando a las tropas del Ejército presentes en la región.
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En su requerimiento, el Ministerio Público insta al Alto Comisionado a confirmar si estos hechos han sido verificados por las instancias competentes, conforme a lo establecido en el decreto que regula el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional con Impacto Territorial (1684 de 2023).
El objetivo de la solicitud es que se adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos a la seguridad y protección de la población en concordancia con el acuerdo de cese al fuego, que se basa en el respeto a la población civil. La Procuraduría busca así salvaguardar la integridad de los habitantes de la vereda San Vicente y fortalecer la implementación de medidas que aseguren la paz y la seguridad en la región.
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