La Procuraduría General de la Nación tomó medidas ante posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación por parte del Ministerio de Educación Nacional, involucrando a exfuncionarios.
La suma en cuestión asciende a más de $3.400 millones, lo que ha desatado un escándalo en torno a la transparencia en los procesos de contratación pública.
Entre los señalados se encuentran Dalila Astrid Hernández Corzo, exsecretaria general del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Karen Ezpeleta Merchán, quien ocupaba el cargo de subdirectora de contratación en ese momento, y Roger Quirama García, exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del ministerio.
Los hechos que motivaron los cargos están relacionados con un contrato de nube privada para el MEN y las secretarías de educación, el cual fue otorgado a la empresa UNE-EPM Telecomunicaciones. Sin embargo, se ha alegado que esta adjudicación pudo haber sido errónea, ya que ocho de los ítems a contratar no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que habría distorsionado la comparación de ofertas.
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A pesar de que el valor real del contrato debía superar los $4 mil millones, este se otorgó por una cifra inferior, más precisamente $3.400 millones, lo que podría constituir un presunto perjuicio económico para el Estado.
La Procuraduría ha formulado cargos contra Hernández Corzo por supuestamente adjudicar la orden de compra a una oferta que no era la más favorable en términos financieros, lo que implicaría una violación al deber de selección objetiva.
Así mismo, se ha cuestionado la actuación de Ezpeleta Merchán, quien aparentemente no verificó el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas ni garantizó que la orden de compra se adjudicara de acuerdo con los estudios previos de su dependencia.
Por último, Quirama García, en su papel de supervisor dentro de la orden de compra, habría vulnerado el deber de selección objetiva al haber suscrito el documento en el que UNE-EPM Telecomunicaciones resultó beneficiada.
La conducta de estos tres exservidores públicos ha sido calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima, lo que indica la seriedad con la que se toma este caso y el compromiso de las autoridades con la transparencia en la contratación estatal.
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