La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acogió el pasado 25 de febrero a Álvaro García Romero, exsenador condenado por la masacre de Macayepo donde murieron al menos 16 campesinos. Sin embargo, este miércoles se conoció que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión argumentando que García no es competencia del Tribunal de Paz porque no actuó como ‘tercero’ en el conflicto armado sino como actor principal en el paramilitarismo, lo cual lo excluiría.
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, “Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las Auc en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”, pero la Procuraduría dice que su cargo no tuvo nada que ver en su participación como miembro de los paramilitares, excluyendo el argumento de la JEP con respecto a su calidad de funcionario público, el cual es necesario para acogerse a su jurisdicción.
“García Romero era un comandante paramilitar, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, y por tal razón, la única posibilidad de admitirlo en la JEP es si hubiese participado indirectamente en el conflicto, colaborado o financiado estructuras ilegales en calidad de tercero, situación que no aplica en su caso”, aseveró.
La Procuraduría dice que lo que aportará García no es nada nuevo, de acuerdo a su propuesta de reparación de víctimas que entregó a la JEP, por lo que cuestiona su compromiso y aporte a la verdad. El Ministerio Público se refiere a que el exparamilitar propuso arrepentirse en un acto público, escribir un libro y crear una fundación para reparar a las víctimas, sin embargo, esto no diferencia a las víctimas de desplazamiento forzado (más de 200 en la masacre de Macayepo, por la que está pagando una pena de 40 años) ni tampoco indica que esté aceptando su responsabilidad en los hechos porque “ha sido reiterada la negativa de su reconocimiento como miembro orgánico paramilitar”.
“Su programa no contempla un plan dirigido a las víctimas directas de sus actos o a sus familiares, y por el contrario todo su aporte se dirige a una reparación inmaterial y abstracta”, explica el Ministerio Público recordando que ‘El Gordo’ García también está condenado por el asesinato de la testigo electoral Georgina Narváez en San Onofre Sucre en 1997.
El sometimiento
De acuerdo a la JEP “el presente caso tiene una aptitud relevante de cara a esclarecer la promoción, auspicio o colaboración con grupos paramilitares, que como se dijo, es un instrumental para el propósito de no repetición pues es insumo que permitiría desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo”.
De igual forma, García deberá hablar de sus vínculos con el exgobernador de Sucre Salvador Arana, con quien aparentemente comparte la autoría intelectual del asesinato, en 2001, de la fiscal Yolanda Patermina, quien investigaba la masacre de El Chengue, en la que fueron asesinados 28 campesinos.
Finalmente, tendrá que proporcionar datos sobre el apoyo de las AUC a diferentes candidaturas, incluso de miembros de dicha organización, para alcaldías, concejos, asambleas municipales, gobernaciones y hasta para curules en el Senado de la República, dentro del marco del fenómeno conocido como ‘Parapolítica’; así como de atentados en contra de funcionarios, entre otros crímenes de guerra.
