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Procuraduría solicita que se apruebe la extradición de ciudadano colombo-venezolano solicitado por Chile

Oct 7, 2024

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La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de Colombia dar luz verde a la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, ciudadano colombo-venezolano, requerido por el gobierno de Chile.

 Orozco Castillo es señalado de haber participado en el homicidio de un oficial de la Policía de Carabineros, durante un incidente ocurrido el pasado 10 de abril en Santiago, capital chilena.

En un concepto enviado a la Corte Suprema, el Procurador Primero delegado para la Casación Penal afirmó que la documentación presentada por las autoridades chilenas cumple con los requisitos formales establecidos tanto por la legislación colombiana como por el tratado de extradición vigente entre ambos países. De igual manera, confirmó que los documentos demostraron la identidad del requerido, lo que permite asegurar que la persona procesada en Chile es la misma que actualmente se encuentra detenida en Colombia.

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Principio de doble incriminación

El procurador delegado señaló que el caso respeta el principio de doble incriminación, ya que los hechos por los que Orozco Castillo es solicitado en Chile tienen su equivalente en la legislación colombiana, concretamente en los artículos 103 y 104 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que tipifican el homicidio agravado, así como en el artículo 365, que regula los delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Así mismo, destacó que los cargos imputados a Orozco no están vinculados a delitos políticos, ni en Chile ni en Colombia, lo que permite el cumplimiento del tratado de extradición firmado entre ambos países.

El delegado también precisó que, de ser aprobada la extradición por la Corte Suprema de Justicia, se deberá advertir al gobierno chileno que Orozco Castillo no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que dieron origen a la solicitud de extradición. Además, se deberá garantizar que no se le imponga una pena capital o perpetua, y que pueda mantener contacto regular con sus familiares. También se deberá tener en cuenta el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en Colombia como parte de su eventual condena.

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