La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su vigilancia sobre la operación militar iniciada en la madrugada del sábado 11 de octubre en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.
Esta intervención, destinada a retomar el control territorial y frenar la acción de grupos armados ilegales, ha generado una serie de eventos que preocupan tanto a las autoridades como a la población civil.
El Cauca, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, registró en el primer semestre del año un total de 123 eventos relacionados con la alteración del orden público, según un informe preventivo de la Procuraduría. Esta cifra ilustra el deterioro de la seguridad en el departamento, donde el accionar de los grupos armados ha dejado a la población civil en medio de una crisis humanitaria.
Rechazo al uso de bienes protegidos por el DIH
El Ente de Control ha expresado su rechazo contundente por la utilización de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como las viviendas de los pobladores locales, que fueron usadas por integrantes de grupos armados ilegales para resistir el ingreso de las tropas. Estos actos incluyen el uso indiscriminado de drones con explosivos, una práctica alarmante que ha dejado, hasta el momento, un saldo parcial de 17 civiles heridos.
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El uso de métodos que ponen en riesgo a la población civil va en contravía de las normas del DIH, que protegen a los bienes de uso civil, especialmente en contextos de conflicto armado. La Procuraduría subraya que este tipo de acciones deben ser investigadas para establecer responsabilidades, tanto de los actores ilegales como de cualquier posible exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares.
El Ente de Control ha venido alertando sobre el impacto de los grupos armados en el Cauca. Para el primer semestre de 2024, el 42% de los ataques y afectaciones fueron dirigidos contra la población civil. Este patrón de violencia es motivo de preocupación, ya que expone a los habitantes del departamento a una constante vulnerabilidad, generando desplazamientos y afectaciones graves a sus derechos fundamentales.
La Procuraduría también manifestó su preocupación por el eventual constreñimiento que algunos grupos de personas estarían ejerciendo sobre las tropas, exigiendo su retiro del territorio. Esta situación genera tensiones adicionales en un contexto donde la seguridad y la recuperación del orden público son prioritarias, pero deben ser gestionadas con pleno respeto a los derechos de los civiles y las normas internacionales.
Llamado a las autoridades y a la comunidad
Ante este escenario, la Procuraduría hace un llamado urgente a las distintas autoridades del Estado para que coordinen esfuerzos, no solo en la recuperación del orden público, sino también en la implementación de una oferta integral de servicios que responda a las necesidades de las comunidades afectadas. La intervención militar debe ir acompañada de acciones que promuevan el desarrollo social y económico en las zonas más golpeadas por la violencia.
Así mismo, el Ente de Control instó a las comunidades a utilizar los mecanismos legalmente establecidos para denunciar cualquier posible abuso o exceso en el uso de la fuerza por parte de los uniformados. Es fundamental que la población recurra a las vías institucionales y no a las vías de hecho para presentar sus reclamos o inconformidades, garantizando así un proceso legal y transparente.
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