Durante el último semestre se ha venido presentando en algunos municipios del departamento una serie de amenazas extorsivas a algunos funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y campesinos por parte de las organizaciones insurgentes y delincuencia común que ya hacen presencia en esta región surcolombiana. Hemos vuelto a revivir las épocas desesperantes que soportamos durante las dos últimas décadas del siglo pasado. Desafortunadamente se genera por la falta de autoridad y falta de decisiones para contrarrestar la creciente ola de criminalidad que se ha incrementado desde que asumió la presidencia de la República, Gustavo Petro Urrego. Son dramáticas las escenas violentas que se viven en algunas regiones del país. Mientras el gobierno nacional persista con el proceso progresivo de debilitamiento de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, será muy difícil contrarrestar este flagelo que empieza a debilitar la dinámica productiva en la región.
Por este motivo, es destacable la iniciativa gubernamental de iniciar diálogos con las disidencias de la Farc, el ELN y de otras organizaciones narcoterroristas que tienen presencia en las tres cuartas partes del territorio nacional. Con ello se busca que se baje la intensidad del conflicto armado y con ello, los niveles de inseguridad ciudadana, masacres, asesinatos selectivos, hurtos, secuestros, narcotráfico, terrorismo, entre otros factores desestabilizantes de la tranquilidad de las familias colombianas. Vale la pena seguirlo intentando. Recordemos que no se están negociando con los angelitos de la guarda.
Por eso es inaudito, que el gobierno nacional pretenda disminuir en 9 billones de pesos al sector de la defensa nacional en el presupuesto nacional para el presente cuatrienio, si por el contrario tenemos un aumento exponencial de nuevas organizaciones narcoterroristas que hacen presencia en el territorio nacional. No estamos generando pánico con estas afirmaciones. Ahí están los indicadores y los resultados del aumento de la criminalidad en Colombia. Igualmente debemos seguir fortaleciendo la inversión social y económica para mejorar el bienestar general de las familias colombianas. Se debe crear ambientes para incrementar los niveles de productividad y competitividad en la dinámica productiva del país.
Igualmente se debe parar el asesinato de líderes sociales y ambientalistas en Colombia que es, por desgracia, una tragedia que no cesa. Estas pérdidas impactan directamente a las comunidades con quienes trabajan y luchan mano a mano. Son una forma de violencia muy profunda que afecta directamente el tejido social que con tanto esfuerzo han reconstruido las comunidades que viven a diario en zonas de guerra. Esta forma de silenciar y romper lazos atemoriza y daña a quienes solo desean proponer alternativas de vida distintas. Se debe terminar estos hechos que, en la mayoría de las veces, se generan en medio de disputas ideológicas e inanes. Es un desafío que trasciende cualquier creencia política.
