A través de un decreto se prorroga la restricción al porte de armas en todo el territorio nacional entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, lo que garantiza que el monopolio en cuanto al control de las armas está en cabeza del Estado y que si una persona requiere utilizar estos artefactos, debe solicitar un permiso.
El decreto explica que es el Ministerio de Defensa, el que establecerá los lineamientos para la expedición de las autorizaciones especiales, y que solo pueden tener lugar en casos excepcionales. Esto es, cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos.
Además asegura que es una forma de proteger la vida y la integridad del país pues “según las estadísticas existentes, es posible sostener que el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad”.
