Por: José Eliseo Baicué Peña
El ordenamiento jurídico colombiano busca garantizar la existencia de una armonía entre los derechos, a través de determinadas reglas o decisiones. Por lo menos, así está escrito.
De ahí, que la constitución establece que el Estado debe brindar estas garantías que permitan mantener la concordia y las buenas relaciones entre los ciudadanos, y se pueda asegurar la convivencia pacífica. Una armonía que debe darse inclusive en los espacios de las manifestaciones, reuniones, expresiones de oposición o durante una simple marcha.
Dicho esto, es posible afirmar, que los colombianos pueden ejercer el derecho a la protesta sin miramientos de permisos o impedimentos. Pues, es un derecho.
Una democracia plena no sólo debe permitir todas estas acciones relacionadas con el derecho a la protesta, sino, que debe garantizar que se desarrollen dentro de los cánones de la normalidad. Es decir, impidiendo que otras fuerzas externas, saboteen, irrumpan, violenten y generen daños a establecimientos públicos y privados, a la fuerza pública, y a los ciudadanos.
No obstante, ¿por qué en las marchas o paros que se han realizado en los últimos años, no ha sido posible que el Estado y los gobiernos, garanticen el ejercicio de este derecho? Si los marchantes no son quienes protagonizan estos actos de violencia y vandalismo, por qué no atrapan a quienes sí lo hacen? Casi que está demostrado que los autores de esos actos delictivos no son los participantes de las marchas y de las jornadas de protesta. Algo pasa ahí.
Una realidad fehaciente. Un escenario en el que los grupos desestabilizadores actúan premeditadamente para hacer de las suyas en todos los sentidos.
Ahora bien, sobre la protesta del pasado 28 de abril se entienden las variadas razones que la motivaron. Son más que justas. Lo que no comparto son los destrozos, robos, heridos, saqueos, y riñas presentados en esa jornada.
¿Qué culpa tienen los dueños de establecimientos, conductores de transporte público y privado, y la sociedad civil, en estos destrozos que generan pérdidas representativas para sus intereses y modos de vida? ¿Qué responsabilidad tiene la fuerza pública que no actuó para impedirlo? ¿Qué impactos económicos y políticos se pueden evidenciar? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta protesta?
Si hoy evaluamos los resultados de la jornada, los ciudadanos ganamos o perdimos? ¿Qué ánimos tienen los ciudadanos que observaron y vivieron esta faena, para volver a participar de otro paro similar?
Son preguntas que usted respetado lector debería responder. O, simplemente haga una reflexión al respecto y comparta con los suyos. Por mi lado, defiendo el derecho a la protesta, a la reunión, a las movilizaciones. Claro, en un ambiente más humano, más civilizado, más justo, más organizado, más proactivo.
¡Que viva la protesta! Bienvenidas las marchas. Pero, un no al vandalismo porque cercena los buenos propósitos de los colombianos que queremos un mejor país.
