El nuevo proyecto sobre seguridad ciudadana, radicado hace unos días en el Congreso de la República, es, como lo dice el mismo gobierno, de carácter urgente; yo diría urgentísimo, porque la inseguridad, aupada por la Impunidad, tiene acorralada a la ciudadanía, especialmente en las ciudades.
Se han reportado aproximadamente 90.000 casos de violencia intrafamiliar en lo que va del 2021, los homicidios y las lesiones persónales han aumentado más del 18%. La criminalidad parece haberse tomado al país.
Nadie, y lo digo con toda certeza, se siente seguro en su propia vivienda, o en un transporte público, o en su carro, o bicicleta, mucho menos, cuando va a pie a hacer sus vueltas.
Los criminales tienen a la ciudadanía en jaque. En muchos casos el aumento de la criminalidad se debe a que los jueces no tienen el marco legal necesario para condenar a los facinerosos cuando son capturados. El nuevo proyecto se enfoca en darle solución a esta, entre otras situaciones que imposibilitan la acción de los jueces y de la Fuerza Pública.
Este proyecto es explícito en el derecho que tienen las víctimas a la legítima defensa, algo de suma importancia. De aprobarse, las víctimas de robos, hurtos u otras modalidades de agresiones cometidos contra ellas en su vivienda, trabajo, transporte u otros espacios personales, no tendrán que probar que su defensa fue proporcional a la agresión. ¿Cuántas personas han terminado en la cárcel por tratar de defenderse cuando intentaban atracarlas en su propia casa o carro y sintieron su vida, y las de sus seres queridos, amenazada?
El proyecto incluye aumento a las penas que se aplican por agresión a la Fuerza Pública y mayores sanciones a los delincuentes que se cubran la cara, para no ser identificados y utilicen a menores para realizar sus fechorías; como lo hicieron muchos de los vándalos, que durante los recientes paros, casi acaban con Cali y otras ciudades, causando graves destrozos, inclusive la muerte y lesiones agravadas a ciudadanos indefensos y miembros de la policía.
El nuevo proyecto del Gobierno, de 41 páginas y más de 50 artículos, es un trabajo conjunto de expertos de la Fiscalía, Procuraduría y la Policía. El ministro de Defensa, Daniel Palacios, hizo énfasis en que: “permitirá fortalecer las acciones en materia penal en lesiones personales, hurto, daño en bien ajeno y homicidio, así como formalizar medidas de aseguramiento, Código de Policía, restricción de armas traumáticas, entre otras medidas”.
El presidente Duque da respuesta con este proyecto a la inseguridad que siente la ciudadanía y cubre necesidades urgentes y reales para lograr una nación más segura y menos agresiva, donde se pueda vivir en paz, sin miedo ni sobresaltos diarios.
De aprobarse, es lógico que se necesitarán más y mejores cárceles, algo urgente en Colombia. Sobre todo lugares de detención más humanos, donde el reo pueda entender su falta y reeducarse y no, como sucede en las actuales que son, en mayor parte, un semillero de criminales. Esta reforma permite que los alcaldes reformen o construyan cárceles, sin tener que esperar a que sean incluidas en el respectivo POT.
El Proyecto de Seguridad Ciudadana, es sensato, urgente e indispensable. Ojalá el congreso actué de acuerdo, de manera sensata y con premura.
