Por: Germán Vargas Lleras
La semana pasada, a propósito de la situación de orden público en Arauca, me referí al proyecto vial Bicentenario en su tramo Lejía-Saravena, en donde se adjudicó la construcción de 47 km de un total de 150 y con entrega en el año 2030. Me llamó la atención este contrato no solo por el reducido alcance de las obras, menos del 30 %, y por el larguísimo plazo de entrega, 8 años, sino por su financiación, todo con vigencias futuras.
Cuál sería mi sorpresa al constatar que no se trata de un caso aislado, sino de un programa del actual gobierno llamado pomposamente ‘Vías para la legalidad’, propuesto en el marco de la reactivación económica. Un plan totalmente maquillado, cuyas modestas obras fueran contratadas con plazos absurdos de entrega que vencen en 2030 y que, como lo anuncié, no traerá más que frustración a las comunidades que pretende beneficiar.
Pude detectar al menos 15 proyectos licitados bajo la misma modalidad. En el Putumayo, la variante San Francisco-Mocoa tramo 2, se contrataron 13 km y en su tramo 3, 12,5 km. ¿Cómo es posible que tan solo 25 km se construirán en 8 años y todavía faltará el 67 % para terminar la vía?
En la alta Guajira, en el corredor Uribia-Puerto Bolívar-Cabo de la Vela, se contrataron 39 km de un total de 230 en esta carretera estratégica que compromete nuestra soberanía, y también para entregar en 2030. Y, por supuesto, su pago recaerá en los 2 siguientes gobiernos. En Santander y Boyacá se contrató la vía Duitama-Charalá-San Gil, pero solo 41 km de un total de 137.
De la tan soñada vía que conectará Puerto Arimena, en el Meta, con Puerto Carreño, en el Vichada, se adjudicaron solo 34 km de un total de 623. Esta es la carretera que conectaría toda la altillanura y la Orinoquia. Pero a este paso nunca la veremos. En el tramo Neiva-San Vicente-Florencia solo se intervendrán 47 km de los 343 km, por supuesto, también en 8 años.
Y entre Cundinamarca y Santander, en el tramo Zipaquirá- Barbosa-Bucaramanga, de un total de 344 km, solo se contrataron 63 km hasta 2030. Y en el trayecto Puerto Boyacá-Otanche-Zipaquirá, solo 43 km de 290, con iguales plazos. Todos estos contratos decepcionan. Ninguno será funcional ni se terminará ningún corredor vial, y todo sin el menor sentido de la eficiencia. Solo el afán mediático, la necesidad del anuncio al precio que sea. Y advierto que, al contrario de lo que piensa el Invías, nada garantiza que los tramos no intervenidos estén o vayan a estar en buenas condiciones en 2030.
Los que he mencionado son los casos más emblemáticos. En este reparcheo disfrazado nos vamos a gastar 5,6 billones de pesos que nada solucionarán. El gobierno actual muy pocos recursos aportará, pues para su ejecución comprometió vigencias futuras extraordinarias de los próximos dos gobiernos. Es esta una muy mala práctica. En contraste con el anterior gobierno, que de 59 proyectos estratégicos en obra pública solo en 7 casos se pidieron vigencias hasta 2019 y en 2 –Medellín y Pereira-Quibdó– hasta 2021. Sobran las explicaciones.
Es importante resaltar que con un plazo de ejecución tan largo –8 años– el alcance de las obras se verá seguramente reducido, y como los contratos incluyen la revisión de los diseños entregados, es seguro que las obras se reducirán en su alcance y todo esto terminará en un incremento de los presupuestos asignados, cuando no en reclamaciones y adiciones millonarias.
Este programa me recuerda el fallido plan de los 2.500 km del exministro Andrés Uriel Gallego, mentor y guía del doctor Gil, actual director del Invías. Seguramente sea este genio quien embaucó a la ‘madrina’ de la infraestructura para que se embarcara en un programa ineficiente, costosísimo y que no dejará más que frustración y pérdida de recursos. Ninguna de estas obras se verá antes de 2030, pues esos son los plazos contractuales, y posiblemente tampoco después de ese año. Pero ¿a quién le importa? Ya van de salida y en modalidad campaña.
P. D. Esta semana se cerró la licitación para el contrato del Runt, después de más de tres años de gestiones infructuosas y de dos prórrogas, más una modificación del pliego el 30 de diciembre, posiblemente extemporánea. Mala planeación, falta de transparencia, improvisación. Ya veremos el 23 de febrero en qué termina todo esto.
