Diario del Huila, investigación
Por Linda Vargas y Fausto Manrique
Desde 2010 hasta 2016 el Ministerio de Agricultura, a cargo de Juan Camilo Restrepo Salazar, Rubén Darío Lizarralde y Aurelio Iragorri, se rajó en cada una de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Fue tan regular la gestión, los resultados y el manejo financiero que a duras penas la calificación se acercó a 60 puntos.
En la vigencia 2009, último tramo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la auditoría elaborada por el ente de control feneció las cuentas del Ministerio de Agricultura (concluyó la vigencia), la opinión sobre los estados financieros tuvo salvedades, en gestión hubo observaciones y la nota final fue 60,80.
Sin embargo, a partir del cambio de gobierno, esa cartera tuvo un retroceso frente a los informes realizados por la Contraloría. Entre 2010 y 2013, cuando su titular fue Juan Camilo Restrepo Salazar, recibió calificaciones que no llegaron siquiera a los 55 puntos.
En términos generales, no hubo fenecimiento de las cuentas, los estados financieros recibieron conceptos negativos y la gestión fue desfavorable. Durante ese tiempo, los hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales, en suma, fueron más de 200.
Lo más paradójico es que siendo ministro de Agricultura, y aún después de dejar el cargo, Restrepo Salazar empezó una serie de narrativas contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) afirmando que había sido imprudente en sus decisiones sobre la empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán S. A.).
Resultados de las Auditorías de la Contraloría General de la República al Ministerio de Agricultura
Pero eso era falso ya que las decisiones con respecto a Friogán no las tomaba Fedegán sino la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado (FNG), en donde el ministro de Agricultura es el presidente y único que tiene capacidad de veto, según la Ley 89 de 1993. La participación accionaria en Friogán la tiene el FNG y no Fedegán.
Auditoría espuria
También gastó $1000 millones en una auditoría privada con la firma BDO Audit porque no le parecieron correctas las calificaciones y conceptos favorables de la Contraloría General de la República sobre la administración que Fedegán hacía del FNG.
Desde 2002 hasta 2013 el ente de control feneció todas las cuentas de Fedegán-FNG. En más de una década solo tuvo dos conceptos con salvedades en los estados financieros (2002-2003 y 2011) y en las vigencias 2002-2003 y 2004-2005 tuvieron observaciones en la gestión.
Los demás años logró calificaciones cercanas a 100 puntos, que es lo máximo que logra una entidad auditada por la Contraloría. Por ejemplo, en 2006 llegó a 97,18 puntos; en 2009, alcanzó 91,77; los demás años estuvo por encima de los 80 puntos y estados financieros favorables o limpios.
Como consecuencia del ruido que generó la divulgación de la auditoría del entonces ministro Restrepo Salazar, la Contraloría General de la Republica realizó una Auditoría Regular, donde el equipo auditor en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Auditoria de la CGR evaluó la efectividad de las acciones emprendidas por el FNG para eliminar las causas de los hallazgos detectados por la CGR en un proceso anterior.
Esta auditoría finalizó con las mejores calificaciones tanto en el aspecto financiero como el de gestión para el FNG, evidenciando con ello que las presuntas debilidades formuladas en la Auditoria Especial no eran recurrentes y que la posición de no aplicabilidad de la acción correctiva era válida: 88,99 puntos.
Convenios firmados por Iragorri suman más de $1,4 billones
El equipo auditor calificó con 89,42 puntos el componente Control de Gestión; 83,33 en Control de Resultados; 84,14 en Componente de Legalidad; 100 en la parte financiera; y 76,93 en Sistema de Control Interno. Por lo tanto, las supuestas causas que dieron origen a los hallazgos formulados por la Auditoría Especial ya estaban subsanadas en 2014.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Auditoria Especial de la CGR se realizó sobre los resultados de la auditoria privada contratada por el Ministerio de Agricultura con la firma BDO.
Irregularidades en BDO Audit
Pero, frente al cúmulo de irregularidades de esa auditoría privada, contratada por el exministro Restrepo Salazar, algunas de ellas señaladas por la propia CGR en el Hallazgo 48 del informe de Actuación Especial, la Federación Colombiana de Ganaderos, en su condición de administradora del FNG, decidió presentar queja formal en contra de la firma BDO Audit, ante la Junta Central de Contadores.
El Tribunal Disciplinario de este organismo, una vez analizadas las pruebas y documentos presentados en la denuncia, decidió iniciar una investigación disciplinaria que finalmente concluyó, con la formulación de un pliego de cargos, el 16 de julio del 2015, en contra BDO Audit, en los siguientes términos: “De conformidad con las pruebas existentes en el expediente disciplinario, se infiere que la Sociedad BDO Audit Age S. A., presuntamente vulneró el estatuto ético de la profesión”.
Los argumentos del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores indicaban que en su calidad de ente consultor, BDO Audit inobservó las normas de auditoria generalmente aceptadas, particularmente en lo relacionado con las normas relativas a la ejecución del trabajo, toda vez que en el desarrollo del contrato de consultoría No. 20120306, al parecer emitió informes de fechas 15 de abril, 23 de mayo y 30 de agosto de 2013, sin obtener las evidencias válidas y suficientes como quiera que no realizó un análisis amplio y profundo de la información objeto de la auditoría.
Además, “en su calidad de ente consultor, incumplió los parámetros establecidos en el proceso de contratación con el Ministerio de Agricultura, por cuanto al parecer el equipo de trabajo ofertado tenía unas calidades diferentes a las del personal que ejecutó el contrato, los cuales presumiblemente no cumplían con los requisitos pretendidos, esto es, la competencia y actualización profesional”.
Otro de los conceptos del Tribunal Disciplinario contra BDO Audit fue que ésta última auspició, en su calidad de ente consultor, “posiblemente la difusión de un informe por medio de información sobre hechos no comprobados, toda vez que el día 15 de abril del 2013 fue presentado a la opinión pública, sin que el mismo hubiese sido objeto de debate previo por las entidades auditadas, máxime cuando el resultado del informe era provisional”.
Es decir que la auditoría privada que contrató el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no era rigurosa ni tenía el nivel de calidad que debía y solo fue un pretexto para denigrar de Fedegán y la administración que hacía del Fondo Nacional del Ganado. Fueron $1000 millones del erario en un contrato espurio.
Iragorri se rajó
Cuando llegó Aurelio Iragorri Valencia al Ministerio de Agricultura los resultados ante la Contraloría General de la República fueron peores. Por ejemplo, en 2015, la puntuación total llegó solo a 51,574 con concepto desfavorable.
En la evaluación de gestión la calificación fue 77,04; evaluación de resultados, 80,75; evaluación financiera, 0; evaluación de legalidad, 75,25; y al final el ente de control no fenece la cuenta del Ministerio de Agricultura por la vigencia fiscal de 2015.
Sobre la evaluación financiera, en donde obtuvo una calificación de 0 (cero), la Contraloría expresó: “En nuestra opinión, los Estados Financieros del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, No presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del auditado y los resultados de sus operaciones por el año terminado en 31 de diciembre de 2015, de conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el contador General”.
Los hallazgos de esa auditoría (2015) fueron 94: 66 administrativos, 4 fiscales por $2.712,6 millones, 22 disciplinarios y 2 penales.
Pero ese no fue el peor puntaje. En 2014 la calificación no llegó a 50. En Control de Gestión recibió 61 puntos; Control de resultados, 39; Control de Legalidad, 67,3; control financiero, 0; y la evaluación SCI, 36,65. El concepto fue desfavorable.
Sobre los estados financieros, hubo tantas irregularidades que la Contraloría se abstuvo de opinar. En total fueron 61 hallazgos administrativos, 7 disciplinarios y 1 penal.
En 2016 la calificación subió a 77,029 pero el concepto fue nuevamente desfavorable. No hubo fenecimiento de la cuenta y la relación de hallazgos fue la siguiente: 40 administrativos de los cuales cinco tenían presunta incidencia fiscal por $4.937,2 millones, uno para indagación preliminar y 16 con presunta incidencia disciplinaria.
Un año después, cuando Iragorri salió del Ministerio de Agricultura y lo reemplazo Juan Guillermo Zuluaga Cardona, las calificaciones de ese despacho mejoraron y las cuentas fenecieron. Sin embargo, la opinión de los estados contables de esa cartera tuvieron salvedades y el control interno financiero tuvo deficiencias.
Es decir que Iragorri no solo se dedicó a repartir billones de pesos a dedo, sino que era mal administrador de los recursos públicos.
“Articular y aunar esfuerzos”
Como se mencionó en la tercera parte de este especial periodístico, Aurelio Iragorri repartió en contratación directa cerca de $4 billones. La piñata del campo, durante su tiempo como ministro de Agricultura también se extendió al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Unidad de Restitución de Tierras.
En un gran número de contratos no existían estudios previos, en el cuerpo del contrato, ni en el anexo técnico del mismo que evidenciaran argumentos que justificaran desde el punto de vista técnico o económico – financiero y jurídico las decisiones del Ministerio de Agricultura.
Por ende, al final se contrataron entidades sin la idoneidad y experticia suficiente, que en algunos casos tienen sus operaciones a nivel municipal, para que desarrollaran actividades de articulación en la implementación, ejecución, y seguimiento de proyectos. Esto de ninguna manera puede considerase una desconcentración administrativa, sino un entramado delictivo para cumplir compromisos políticos, manipular decisiones y, peor aún, apropiarse de recursos públicos que debían ser destinados al sector agropecuario.
En suma, el Ministerio desconoció las buenas prácticas de la contratación estatal, los principios de transparencia y publicidad, derivándose con ello, las condiciones propicias para la corrupción rampante que se vivió en ese periodo.
Algunos de los contratos fueron a dar a entidades que promovían la creación de un nuevo gremio ganadero (para consumar la persecución contra Fedegán), a entidades que no cumplieron con sus compromisos contractuales y otros que eran fachadas de organizaciones que apoyaban los diálogos con las Farc.
Convenio 20160320 de 2016 con la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga). Se realizó una adición al valor del convenio, por un monto de $1500 millones sin que se le definieran obligaciones a Unaga dentro del mismo, ni en el Plan Operativo. Justificaron la adición, señalando que la institución utilizaría esos recursos para desarrollar actividades de difusión de material de alto valor genético, actividad que no se tenía concebida ni en el contrato, ni en el plan, lo que evidenció una modificación del objeto contractual.
La nueva actividad no guardaba relación con el objeto del contrato principal, lo cual está prohibido por la ley, en atención a los principios de igualdad, imparcialidad, eficiencia y libre competencia, que rigen la función pública.
Convenio 20161052 con Funsec. Se modificó el numeral 14 de la cláusula 4, de la siguiente manera: “…realizar 75 capacitaciones de manera práctica en temas de Buenas Prácticas Ganaderas, mejoramiento de la calidad de la leche y fortalecimiento socioempresarial en los municipios de Santa Rosa de Lima, Arjona y Mahates (departamento de Bolívar)”.
Es de precisar que Funsec, debía realizar 108 capacitaciones de manera práctica en los mencionados municipios. Posteriormente, se le prorrogó el Convenio y se le disminuyó el número de capacitaciones, sin que se redujera el valor del contrato, el cual como es lógico, debería verse disminuido en el valor de la reducción de número de actividades.
Convenio 20151097 con Alterpaz. En las modificaciones realizadas al anexo técnico del convenio, el comité administrativo presentó en las actas de fecha 4 de agosto y 30 de noviembre de 2016, la titularidad: Alterpaz – Marcha Patriótica. Esto evidencia una posible desviación de los recursos públicos hacia el movimiento político Marcha Patriótica a través de la Corporación Alterpaz.
Las dos frases recurrentes en los convenios firmados por el Ministerio de Agricultura durante la época de Aurelio Iragorri fueron “Articulación de esfuerzos” y “Aunar esfuerzos”. Firmó 320 alianzas: 188 de “Articulación de esfuerzos” por $880.870,6 millones y 132 de “Aunar esfuerzos” por $564.681,4 millones. En “esfuerzos” entregó $1,445 BILLONES a dedo.
