Por: Juanita Tovar.
Con la posesión de la nueva fiscal general el próximo 22 de marzo, Luz Adriana Camargo ingresa al cargo con varios retos en su administración; que tienen que materializarse en la segregación de un funcionario con relación a una institución, es decir, la Fiscalía requiere urgentemente recuperar su vital importancia institucional, al margen de ser un órgano en el que brille solamente el fiscal general, considero especialmente relevante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Despolitizar la Fiscalía y regresar la majestad judicial que ostenta esa institución. Francisco Barbosa dejó la sensación de haber convertido la Fiscalía en un arma judicial para perseguir a quienes no gustaba, pero además al final de su gestión la opinión pública no pudo distinguir entre el máximo detentador de la acción penal y la política criminal en el país con el de un nuevo candidato presidencial, pues su interacción en medios y en las diferentes apariciones públicas poca recordación dejó de sus funciones como fiscal general, circunscribiéndose más como un candidato buscando el apoyo público con base en la insatisfacción ciudadana contra el presidente Petro.
Acercar la ciudadanía al sistema de justicia penal. Hoy en día Colombia está totalmente colapsada, los ciudadanos no encuentran soluciones a sus conflictos penales, la gente no se siente cercana a la institución, las cifras y estadísticas de impunidad y la desafortunada situación de orden público en materia de seguridad ciudadana, han generado un impacto sumamente negativo a la institución como ente rector de la acción penal y de la política criminal en Colombia.
Hoy la ciudadanía se queja de los pobres resultados en los casos cotidianos, las cifras de lo que Francisco Barbosa llamó “esclarecimiento” contrastan con el volumen indiscriminado de archivos y ausencia de verdaderos esfuerzos investigativos, y aún más con la escalada criminal que hay en las calles de nuestras ciudades y sectores rurales, quienes viven sitiados por la delincuencia.
Hemos visto casos en los que, incluso, la Fiscalía le pide a la ciudadanía que al momento de denunciar debe dar los datos de la persona que presuntamente cometió el delito, o de lo contrario proceden a archivar la correspondiente denuncia, es decir, la Fiscalía pone a la víctima a investigar. El acusador debe comprometerse en mejorar la capacitación de los fiscales y los resultados de investigación y juzgamiento y, además, en involucrar soluciones tecnológicas que le permitan a la ciudadanía tener cercanía con la institución.
La Fiscalía está perdiendo una gran cantidad de procesos que llegan a juicio y eso puede que refleje un problema de preparación y de congestión judicial, un problema de recursos humanos y técnicos importante. Además, que continúe con un proceso de formalización de fiscales; la mayoría están en provisionalidad, no están nombrados en carrera y, sobre todo, Colombia espera que no haya una politización de la Fiscalía, pues como reiteramos, esta es una institución que por designio constitucional es la titular de la acción penal en Colombia y no un actor de opinión sobre las realidades políticas del país, de ahí que con el perfil de la Dra. Luz Adriana Camargo, existe la gran posibilidad de dirigir la entidad sobre la base del derecho penal, reivindicando la función constitucional que tiene la Fiscalía en nuestro ordenamiento jurídico.
Abrir las puertas de la Fiscalía a la prensa sin sesgos o selectividad subjetiva. Desde hace cuatro años las puertas del búnker se cerraron para los periodistas, ya no es posible ni siquiera acercarse a la recepción del ente acusador porque está prohibido, cuando años atrás, el ejercicio del reportero era el de interactuar con los diversos funcionarios en el café de la plazoleta interna, o visitando la oficina de prensa en busca de una noticia, en el ejercicio de los derechos constitucionales de informar.
Es inaudito que, en la Fiscalía de Francisco Barbosa, la oficina de prensa haya creado una lista de periodistas y medios «aliados» y otra de periodistas y medios «enemigos», como si se tratara de un partido político, cerrando las puertas de la información a quienes se atrevían a cuestionar al ente acusador, y premiar a los periodistas que ejercían como una extensión de megáfono y se la pasaban haciendo eco de los buenos resultados como un comité de aplausos. La labor del periodista es arrojar luz donde hay sombras, y el reportero judicial solo busca contar lo que pasa en los procesos, no en convertirse en el vehículo predilecto de la Fiscalía para ocultar los errores que cometen en los estrados judiciales.
La nueva administración tiene que llegar y hacer una limpieza de imagen y apelar a tratar asuntos trascendentales que durante el cuatrienio de Francisco Barbosa quedaron al margen, por ejemplo, en Colombia seguimos en mora de manejar desde el punto de vista institucional el tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, casos como el de Odebrecht hicieron cambiar y mutar a los diversos ordenamientos jurídicos de la región, y en Colombia sencillamente omitimos revisar el tema; incluso países como Ecuador hoy por hoy tienen una legislación específica para estos asuntos.
En fin, si bien el desafío es grande, consideramos que al margen de la convulsionada elección de la Dra. Luz Adriana Camargo, y de los concomitantes desafíos legales que tendrá que asumir el Consejo de Estado para revisar este asunto, la nueva fiscal tiene una posibilidad histórica de ubicar a la Fiscalía General de la Nación en el lugar que constitucionalmente debe estar, lejos de vanidades, al margen de aspiraciones políticas y centrándose en ser el aparato institucional detentador de la acción penal en Colombia para combatir la escalada criminal que actualmente padecemos.
