ALFREDO VARGAS ORTIZ
Director del Grupo de Investigación Derecho Internacional y paz U. Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
La situación de seguridad y falta de cultura ciudadana en el país y del Departamento del Huila no es la mejor y ello tiene que ver con varias razones estructurales que deben ser analizadas sin apasionamientos y con argumentos serios que permitan pensar en alternativas de solución, dada la creciente ola de homicidios, lesiones personales, hurtos y diversas conductas que atentan contra la convivencia y la integridad de los huilenses.
En el Huila en el periodo 2019-2022, se presentaron 1194 homicidios con una tasa de 21, 14 por cada 100 mil habitantes, en este mismo periodo 21716 personas fueron víctimas de hurto, lo que corresponde a 117 personas por cada 100 mil habitantes, 13386 personas participaron en riñas, 853 personas fueron víctimas de extorsión, con una tasa de 15 personas por cada 100 mil habitantes, pero se debe considerar aquí que el 79,6 % de víctimas de extorsión no denuncian, lo que significa que el sub registro de ese delito es alarmante.
La misma situación ocurre con el hurto de ganado o semovientes, conocido como abigeato en donde las 422 personas fueron víctimas del delito en este periodo y se presenta un 93,4 % personas que no denuncia.
De acuerdo a estudios del DANE, reflejados en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2022, el 71,2 % de las personas no denuncia los delitos. El 42% no denuncia porque creen que las autoridades no hacen nada, el 12,6% no denuncia por que no conocía el procedimiento para hacerlo. De conformidad con la encuesta mencionada la percepción de inseguridad en la ciudad o municipio varia; a nivel Nacional está en un 52,2%, y en el departamento en cabecera es de 58,9%, y en el área rural en un 31%.
Cuando se indaga por las razones de la percepción de inseguridad se afirma que la misma ocurre porque hay delincuencia común, robos, agresiones un 83,%, por información que recibe a través de redes sociales o escucha en la calle 69,9,%, porque hay poca presencia de la fuerza pública (Policía, Ejercito) 69 %, por información que ve o escucha en los medios de comunicación (periódicos, revistas, TV, radio) 68,8%, porque existen lugares de expendio o consumo de drogas ilegales (ollas) 64,%, porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales 63,8% y finalmente porque hay consumo de bebidas alcohólicas un 55,7%.
En los lugares donde más ocurren los delitos, según esta encuesta es en la vía pública, 48,7%, en el transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) 43,6%, en las plazas de mercado, calles comerciales 37,8%, en los parques públicos, espacios recreativos o deportivos 35,1%. El 25,0% de las personas de 15 años y más consideran que pueden ser víctimas de un delito en los próximos 12 meses, esta proporción en los hombres es de 24,8%, mientras que las mujeres es 25,1%.
Resulta igualmente preocupante que la proporción de personas de 15 años y más que usaría la violencia en determinadas situaciones. Cuando es en defensa propia a nivel nacional la usaría en un 54,6%, para ayudarle a la familia 47,4%, para defender propiedades o bienes 23,7%, para castigar un delincuente 12 %, y para defender a un desconocido de una agresión 6,3%.
El presente panorama pone de presente que es fundamental que el gobierno nacional, departamental y el municipal, se debe establecer como una prioridad la seguridad y la convivencia en el territorio, mediante el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) se debe realizar un Plan de choque para la promoción de la cultura y respecto a la vida en alianza con instituciones educativas, empresas e instituciones, buscando priorizar la atención y la prevención de delitos violentos, como homicidios y agresiones, mediante estrategias específicas (Universidad Nacional de Colombia (2021) – Informe de Delitos en Colombia).
Por otro lado, es importante gestar programas de desarme, de la sociedad civil incentivando la entrega voluntaria de armas de fuego, (Government Accountability Office (2017) – «Firearms Reduction Program: Information on Programs in Colombia, El Salvador, and México.» – Informe).
Se debe promover el plan de cultura, seguridad y convivencia ciudadana de la mano de todo el gobierno nacional, departamental y municipal generando evaluaciones mensuales de resultados mediante el Observatorio de Cultura, seguridad y convivencia ciudadana. (UNICEF (2019) – «Educación para la paz, los derechos humanos y la ciudadanía global: Marco de referencia» – Informe).
Se debe exigir a la fuerza pública, ejercito, policía nacional y a los organismos de investigación y juzgamiento de la delincuencia, la toma de medidas efectivas para realizar controles permanentes en las calles y evitar los hurtos a personas. Frente a la creciente ola de riñas y lesiones personales es fundamental promover la cultura de la convivencia y la paz en los 37 municipios mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en alianza con Instituciones Educativas y universidades de la región, logrando la promoción de una Justicia Restaurativa, que busquen la reconciliación y la reparación en lugar de la simple sanción (United Nations (2006) – «Handbook on Restorative Justice Programmes).
Frente a la extorsión es fundamental, promover la cultura de la denuncia y de acciones afectivas contra este flagelo, generando consejos de seguridad en las 4 regiones y en los municipios de mayor incidencia de este fenómeno exigiendo una acción contundente del gobierno nacional, dado que gran parte de este flagelo ocurre en las cárceles y por parte de los grupos criminales alzados en armas que actúan con un gran impacto en la seguridad y que requieren acciones del gobierno en su conjunto.
La poca credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad debe combatirse con la promoción de la cultura de la denuncia, pero con resultados contundente de la mano de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de policía, militares y la rama judicial para que los delincuentes no salga a la calle cobijados por la impunidad.
La inversión en tecnología mediante cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias, y centros de monitoreo y vigilancia en las estaciones de policía, permitirán multiplicar la presencia del Estado en las calles y la recopilación de material para acciones de inteligencia y como acerbo probatorio para los procesos judiciales y de policía.
Los logros en materia de seguridad y convivencia no pueden hacerse sin la participación comunitaria, por lo que es necesario fomentar la colaboración entre la comunidad y las autoridades para identificar y abordar problemas locales de seguridad (Skogan, W. G. (1990) – «The Impact of Community Policing on Neighborhood Residents: A Cross-Site Analysis.» – Estudio);las alianzas interinstitucionales, son de especial consideración por lo que se debe fomentar la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para abordar integralmente el problema de la seguridad (Birkbeck, C., & LaFree, G. (1993) – «The situational analysis of crime and deviance.»).
Finalmente, y tal como se hizo en la administración del ex – alcalde Rodrigo Lara Sánchez en la ciudad de Neiva, se debe desarrollar la estrategia “Territorios para la vida, la convivencia y la paz” para asegurar que las calles, los sitios públicos serán zonas seguras, producto del ofreciendo alternativas laborales, oportunidades de estudios y ocupación del tiempo libre a nuestros jóvenes mediante el programa masivo de Taekwondo, con la ayuda de la embajada de Corea del Sur, Yoga, con la embajada de la India, y con la articulación de todas las secretarias del departamento y de los municipios para realizar tomas de ciudad, e incluso toques de queda si la situación lo amerita, ofreciendo a todos los que quieran estar del lado correcto, un Estado fuerte en lo social y con ello evitar producto del abandono estatal, que nuestro jóvenes y ciudadanos en general caigan en las acciones violentas promoviendo acciones de reinserción y resocialización de todos.
