La medida protege a cerca de 323 mil ciudadanos venezolanos ‘sin papeles’ que residen en el país norteamericano, y que se encontraban en un limbo legal.
Los venezolanos que llegaron de forma irregular a Estados Unidos, en su mayoría con visa de turista, podrán trabajar legalmente, obtener una licencia de conducción y no estarán sujetos a la deportación ni a ser arrestados durante 18 meses.
Estos son los principales beneficios que otorga el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), aprobado el pasado lunes por el gobierno de Joe Biden, una de sus promesas de campaña.
Venezuela se suma así a la lista de 13 países designados bajo el TPS: El Salvador Guinea, Honduras, Liberia, Haití, Nepal, Nicaragua, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Ahora bien, hay un costo. Los venezolanos menores de 14 años que residan en este país antes del 8 de marzo de 2021, tendrán que pagar 50 dólares por el trámite y los mayores de 14 años, 50 dólares para solicitar el permiso.
Además deberán pagar, en ambos casos, 85 dólares por las pruebas biométricas o la toma de huellas. Mientras que los mayores de 14 años deberán desembolsar 545 dólares cuando se incluye el permiso de trabajo.
Los venezolanos, quienes deberán demostrar no tener antecedentes penales, tienen 180 días para hacer el trámite, es decir, inscribirse, para acceder a este beneficio temporal, que se extenderá hasta el 9 de septiembre de 2022, aunque podría prorrogarse.
Cambio de política
La decisión, sin duda, constituye un giro significativo en la política de EE.UU. hacia alrededor de 323 mil venezolanos, a quienes durante la mayor parte de la administración Trump se les negó esta protección para permanecer en el país con estatus legal.
Así lo considera María Teresa Palacios Sanabria, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, quien destaca que es un cambio radical desde el punto de vista de la opinión pública, de lo que ha significado el tratamiento de la migración durante el mandato de Donald Trump.
“Su gobierno tenía una actitud reactiva negativa frente a la migración, no solo proveniente de Venezuela, sino de países latinoamericanos”, subraya la experta.
En ese sentido, Palacios Sanabria señala que el cambio es significativo toda vez que “se deja un poco atrás esa tendencia de criminalizar la migración y promover discursos de odio y xenofobia” como venía produciéndose con la anterior administración.
