JUANITA TOVAR SANDINO
Hace unos días salí de viaje por carretera y, después de haber realizado el primer pago de peaje a través del tag de pago electrónico instalado en mi vehículo, recibí un mensaje de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) indicando que no había pagado el valor del peaje. En dicho mensaje se veía, aparentemente, lo que era la página oficial de la ANI. Sin embargo, pude constatar que estaban pidiendo datos personales, situación que me pareció extraña y por la cual inferí que se trataba de un escenario de fraude a través de “phishing”.
La creciente ola de delitos informáticos en Colombia está alcanzando niveles alarmantes, afectando tanto a ciudadanos como a empresas. Los ataques de phishing, ransomware y otros fraudes cibernéticos están proliferando, lo que lleva a muchas multinacionales a reconsiderar sus negocios en el país debido a la escalada de estos crímenes. Esta situación pone en riesgo no solo la economía nacional, sino también la confianza de inversionistas y consumidores en las transacciones digitales, especialmente aquellas realizadas a través de plataformas en línea.
La urgencia de una respuesta efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación es clave para que se establezca una estrategia integral que involucre a todas las partes interesadas, incluyendo entidades procesadoras de pagos, fuerzas del orden y el aparato judicial. Solo a través de una colaboración estrecha y coordinada se podrá identificar y sancionar a los delincuentes cibernéticos de manera efectiva.
Una de las medidas urgentes que debe tomar la Fiscalía es la modernización y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Esto incluye la adopción de herramientas avanzadas de análisis de datos y ciberseguridad, así como la capacitación continua de su personal en técnicas de investigación digital. Además, es crucial establecer canales de comunicación efectivos con las entidades financieras y las empresas afectadas para intercambiar información en tiempo real sobre amenazas e incidentes de seguridad.
Es necesario también promover una legislación más robusta y adaptada a la realidad digital actual. Las leyes existentes no siempre contemplan la complejidad de los delitos informáticos modernos. Actualizar el marco legal asegurará que las sanciones sean proporcionales al daño causado y que los procesos judiciales sean expeditos y efectivos. La colaboración entre el sector privado y público debe ser fortalecida mediante la creación de alianzas estratégicas y programas de prevención y educación para empresas y consumidores.
La ciudadanía debe ser educada sobre la importancia de mantener sus datos personales seguros. Las campañas de concientización deben enseñar a los ciudadanos a identificar señales de alerta en mensajes sospechosos y a mantener una cultura de desconfianza hacia las comunicaciones no solicitadas. No abra links sospechosos ni se exponga a entregar su información en cualquier lugar.Las autoridades también deben implementar políticas que obliguen a las instituciones y empresas a mantener altos estándares de seguridad informática, invirtiendo continuamente en tecnología y capacitación.
Finalmente, la colaboración internacional es vital para enfrentar los delitos informáticos que trascienden fronteras. La cooperación con organismos internacionales y la participación en iniciativas globales contra el cibercrimen pueden proporcionar a Colombia los recursos y el apoyo necesarios para enfrentar esta amenaza de manera más efectiva. Establecer líneas de comunicación directa entre entidades gubernamentales y la ciudadanía, así como un sistema de alerta temprana, puede ayudar a mitigar los daños de los ataques en curso y prevenir futuros incidentes. Sea meticuloso y desconfiado, para que usted no sea la próxima víctima de algún ataque cibernético.
