ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Para quienes ejercemos este noble oficio de comentar los sucesos importantes y trascendentes que ocurren en la vida institucional, política, social y cultural de la Nación, o de una región en particular; resulta muchas veces desgastante insistir en temas que para algunos de los amables lectores puedan parecer repetitivos o incómodos.
No obstante, el oficio debe corresponderse con las íntimas convicciones, así como con la objetividad necesaria para que la opinión expresada merezca la consideración y respeto de la ciudadanía.
Esta breve introducción obedece a que el tema de interés público que representa la suerte de la más importante empresa huilense, como sin duda alguna constituye la Electrificadora del Huila, por su aporte al desarrollo regional, además de su carácter estatal en donde en su composición accionaria los municipios y el departamento tienen cerca del 18%, es un organismo que atraviesa una situación administrativa, técnica y financiera altamente preocupante, al punto que personas y entidades gremiales afirman que está al borde del colapso.
El Sindicato de trabajadores; sus funcionarios técnicos y ad/vos; contratistas tercerizados, la Asociación de Ingenieros; sus usuarios y clientes; algunos gremios y periodistas; los concejales; diputados, y la ciudadanía en general; han sido protagonistas en denunciar desde hace cerca de 7 años los graves errores gerenciales que han causado la crisis, originada en el clientelismo politiquero con el cual los gobiernos nacionales y el departamentales, han orientado los destinos de la empresa.
Al respecto cabe señalar que su Junta Directiva donde han participado ministros de minas y energía de los gobiernos nacionales de Santos; Duque y Petro; así como los gobernadores Carlos Julio Gonzáles y Luis Enrique Dussan, por haber tenido asiento principal en la Junta; conocieron, consintieron y participaron de tales errores que, adicionados con actos de corrupción que se han denunciado a través de los diversos medios de comunicación y en las redes sociales, han llegado a la disyuntiva de su toma de posesión o liquidación y desde luego, lo que más inquieta, a su venta al sector privado.
Para el efecto, conviene recordar que en final del gobierno Duque, bajo el manejo político del senador Macías, se pudo comprobar que hubo actuaciones tendientes a su venta a la Empresa de Servicios Públicos de Cali-EMCALI-, sin que previamente se hubiere definido con un riguroso inventario y valoración, los derechos patrimoniales de los municipios y el departamento, representados en los activos e inversiones realizadas durante más de 30 años.
Luego se ha sugerido la idea de que la gobernación y los municipios, con aportes del sector privado regional, compren las acciones de la Nación en condiciones financieras favorables que permitan convertirla en una sociedad de economía mixta de carácter netamente territorial, es decir, sin la ingerencia del gobierno nacional.
Con este panorama reflejado en los últimos dos años, ha crecido la preocupación por su posible venta, dado que ni el gobernador Dussan ni ahora su jefe político Villalva, han realizado acciones eficaces tendientes a solucionar la aguda y recurrente crisis, considerando además que por las relaciones políticas del actual gobernador con el presidente Petro, conjuntamente deberían acordar la designación de un gerente huilense, calificado, transparente e idóneo que asuma el reto de recuperarla en un término razonable de dos años.
En estas circunstancias, es evidente que no se observan tales gestiones de quienes tienen la absoluta responsabilidad y competencia legal para hacerlo. Mientras ello ocurre, se hace más persistente el rumor en el sentido que la verdadera intención es su colapso para poder así venderla al mejor postor y en donde al parecer, coinciden los mezquinos y codiciosos intereses personales de ciertos personajes de la fauna política regional.
Las marchas y manifestaciones callejeras, convocadas y organizadas por la sociedad civil, gremios, academia y demás sectores sociales, es el único mecanismo democrático que sería viable para detener lo que parece ser una felonía u otro descalabro para los verdaderos intereses del pueblo huilense.
