La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a final de año presentó un documento que permitía a las comercializadoras con deudas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) y el Liquidador y Administrador de Cuentas (Lac) diferir por cuatro y dos meses una parte de sus deudas con los generadores de electricidad.
Esta sería la ampliación de una de las tres medidas transitorias que adoptó la Creg como parte del Pacto por la Justicia Tarifaria, promovida por el Ministerio de Minas y Energía en aras de generar disminuciones en el precio de las facturas a los consumidores. Es así como en esta medida de alargar el plazo para pagar las deudas ante las dos instituciones (que después hacen el pago a los generadores) aplicará de forma opcional para que las comercializadoras extiendan las acreencias causadas para lapsos entre dos y cuatro meses.
Es de recordar que la resolución de la Creg que permitía hacer estas amortizaciones señalaba que los montos debían ser de máximo 20% de la deuda y se aplicaría para pagar en los siguientes 18 meses. La medida (que fue aplicada entre octubre y diciembre), generó diferimientos de $193.923 millones, de los cuales 43% los hizo Enel, cuyo saldo por estos tres meses fue de $84.770 millones. Ahora bien, los acreedores de estas deudas fueron principalmente generadores térmicos, así como transmisores de electricidad.
Para Alejandro Castañeda, director de Andeg, se debería replantear la forma en que funciona esta medida, para que el financiamiento a los comercializadores no se haga a costa de la caja de las térmicas. Adicionó que esta medida en su momento se tomó para aliviar a las comercializadoras, a pesar de que no se generaban disminuciones en las tarifas del servicio público.
Por esto, aumentar sin hacer una focalización podría poner en riesgo la situación financiera de las generadoras. “Los generadores térmicos financian esa deuda a propio costo; lo que pasa es que cuando se acabe la caja van a tener que recurrir al sistema financiero para seguir operando”, manifestó el líder gremial.
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Por ello pidió que si bien se pueden hacer este tipo de medidas, se hagan de forma focalizada en los comercializadores que más lo necesiten y no para compañías integradas cuya situación financiera no requiera de este tipo de ayuda.
A su turno, José Camilo Manzur, director de Asocodis, indicó que esta no es una medida estructural para solucionar las dificultades de caja de las empresas comercializadoras, ni tiene implicaciones en las tarifas. Por ello considera que se deberían analizar medidas complementarias a esta propuesta por la Creg.
Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía promovió el Pacto por la Justicia Tarifaria por medio del cual buscaba bajar los precios de la electricidad. Si bien se esperaba que hubiera reducciones entre 4% y 8% con este acuerdo, entre agosto y diciembre, la disminución en el precio del servicio público fue de 1,6%. Además, en el balance mensual de diciembre se notó un ligero aumento, por primera vez desde el pacto, con una tasa de 0,8%, según los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos.
