Tras las multimillonarias pérdidas que dejó la ola de paros, bloqueos, vandalismo e incluso acciones de terrorismo que comenzaron el pasado 28 de abril y se extendieron hasta comienzos de este mes, la justicia se encuentra ante el difícil reto de individualizar a los responsables materiales e intelectuales de los billonarios daños ocasionados durante el desborde violento de las manifestaciones.
De hecho, en varias partes del país se han interpuesto distintas acciones judiciales contra los promotores de las marchas y bloqueos. Desde acciones de tutela, pasando por acciones populares y hasta denuncias de tipo penal han sido elevadas no solo por personas particulares afectadas por el vandalismo y el bloqueo, sino que incluso varios alcaldes y gobernadores anunciaron que acudirían a la Fiscalía con el mismo objetivo, sobre todo por los ataques a la infraestructura de transporte público.
Es más, en la parte más crítica de la ola de paros, algunos dirigentes políticos anunciaron que acudirían a la justicia penal y la Procuraduría para interponer acciones contra los integrantes del Comité Nacional del Paro así como contra sus delegados en las distintas regiones y municipios en donde se registraron graves alteraciones al orden público, vandalismo y afectación de infraestructura pública y privada.
Si bien el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Hacienda, indicó que las siete u ocho semanas de paro dejaron pérdidas no menores a los 13 o 15 billones de pesos (aunque algunos centros de estudios económicos estiman que serían menores), lo cierto es que judicializar a los responsables de las mismas u obtener una reparación directa de los daños causados por los hechos que fueron más allá de la protesta social y pacífica, no es nada fácil.
Fenalco, víctima
Pese a esa dificultad, algunos gremios no se resignan a que las afectaciones a terceros en medio del paro queden impunes.
Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó ayer que presentó ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, un derecho de petición para que se considere al comercio como “víctima del paro nacional”.
Según se informó, el gremio entregó al ente acusador las pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalismo y violencia durante el paro.
En ese orden de ideas, se presentó denuncia formal ante la Fiscalía dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante mes y medio, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.
“Los hechos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la excusa de la protesta social. Con esta información, y las evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos», afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Para evidenciar la seriedad de la denuncia, el gremio otorgó poder al reconocido penalista Francisco Bernate, que “actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público”.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Bernate indicó que el Fiscal General anunció públicamente que ya tiene varias investigaciones en curso e incluso hay capturas, “… luego no es necesario interponer una denuncia, sino que simplemente lo que se hace es aportarle nueva información que hemos recopilado de parte de empresarios y comerciantes, para que se adicione a las investigaciones en curso”.
Interrogado en torno a si la acción judicial de Fenalco era contra alguien del Comité de Paro, el penalista sostuvo que “no es una denuncia contra una persona determinada. Suponemos que la Fiscalía ya debe tener algún grado de individualización y ya será esta la que determine quiénes son los responsables o no”.
Sobre la cuantía sobre los daños sufridos, Bernate indicó que estos no tienen un monto determinado, porque todos los días “
desafortunadamente esas afectaciones van en aumento, dado que continúan algunas de estas situaciones”. Indicó que un 65% de empresarios se vio obligado a frenar sus operaciones y el 94,3% dio cuenta de que sus ventas se redujeron durante el paro.
Por último, precisó que de ninguna forma se está queriendo “criminalizar la protesta o la libertad de expresión, ni más faltaba”.
Así las cosas, con un primer derecho de petición presentado por el abogado ante el ente acusador se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.
