Por concepto desfavorable del Consejo Superior de Política Criminal, organismo asesor del gobierno, una iniciativa que hace tránsito en el Congreso para castigar a quienes obstruyen el acceso a las EPS e IPS, se hundiría en la discusión prevista para este martes en la comisión primera de la Cámara de representantes.
Después del derecho de petición el derecho a la salud es el más tutelado en el país. Según la defensoría del Pueblo, solo en 2020 se radicaron 81.889 tutelas por el derecho a la salud. Datos de la Superintendencia de Salud revelan que entre el 2017 y 2020 se radicaron 30. 771 quejas y reclamos por la falta de atención o la mala atención en los servicios de urgencias.
El proyecto en discusión pretende establecer penas para los administradores, gerentes y coordinadores de las unidades de urgencias y a funcionarios según cada caso. Así mismo si el caso involucra a niños, embarazadas, personas en condición de discapacidad o adultos mayores al igual que pacientes que padecen enfermedades huérfanas, las penas se agravarían.
Sin embargo el concepto del Consejo Superior de Política criminal le cerró la puerta al proyecto con el argumento que se estarían estableciendo nuevos delitos de omisión y socorro.
