La sociedad colombiana se encuentra hastiada por la forma alcabalera que ha implementado el gobierno nacional para establecer los sistemas de cobro en los peajes que se ubican a lo largo de las vías que se construyen o se mejoran. En otrora, no existían estos cobros irracionales. El Estado era el responsable del desarrollo de la infraestructura vial del país. Pero la corrupción y los incontables sindicatos de trabajadores que se crearon en su época, llevaron al Estado a partir de la década de los años 90 del siglo anterior, a replantear esta política pública. Se trasladó esta responsabilidad al sector privado. Y ahí, empezó el verdadero viacrucis para los propietarios de todos los vehículos públicos y particulares. Los cobros excesivos, y la irracionalidad para ubicarlos en dichos trayectos, se convirtieron en el peor atentado contra la dinámica productiva del país, que necesita utilizar las vías.
Los peajes pesan el 12% del total de los costos operativos del sector del transporte. No bastan las incontables y permanentes reformas tributarias que se inventan los gobiernos de turno, para sanear sus finanzas públicas nacionales, para lo cual se inventan peajes en cualquier sitio de las vías, a pesar de la oposición de las comunidades y del sector transportador, porque afectan permanentemente su estabilidad económica. El Estado se ha vuelto insaciable y no le interesa el bienestar de las familias colombianas. Además, algunos expertos en la materia expresan existen irregularidades y denuncias sobre supuestos hechos de corrupción para adjudicar dichos peajes en el país, pero que a la fecha no se tienen resultados de las investigaciones.
En muchos casos, los estudios técnicos y económicos que se realizan para justificar la ubicación de dichos peajes no reflejan la verdadera realidad social y económica de los usuarios permanentes que utilizan estos trayectos viales. Por este motivo, es plausible la iniciativa legislativa presentada por algunos congresistas que busca que la distancia mínima lineal entre éstos, sea de 150 kilómetros, contados a partir del último cobro efectuado en carreteras nacionales, algo que se está implementado en diferentes países donde la distancia mínima llega a los 200 kilómetros para evitar abusos. Igualmente se establecería como criterio para el ajuste de las tarifas, la variación del IPC.
Para nuestro departamento, sería un gran alivio. En solo 150 kilómetros, existen cuatro peajes. Los de Altamira, los Cauchos, el ubicado en la salida a Bogotá y el de la Palmita. Y como si fuera poco, el gobierno nacional, tiene previsto la instalación de una caseta de cobro en el sector de los Altares en la Ruta 45 y otro en la vía a Florencia en territorio huilense. Ya se aprobó por unanimidad en primer debate en la Cámara de Representantes
