La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, radicaron ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional.
Esta iniciativa establece por primera vez los mecanismos de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, permitiendo que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma.
Este proyecto de ley cumple un propósito clave en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a ser juzgadas bajo sus propias autoridades y procedimientos, en consonancia con sus tradiciones y cosmovisiones.
La ministra Buitrago subrayó que esta iniciativa responde a una deuda histórica con los pueblos ancestrales del país, y explicó que busca establecer una hoja de ruta para reforzar el reconocimiento de los 116 sistemas de justicia indígena que existen en Colombia. “Este proyecto reconoce las particularidades y derechos de cada sistema, y garantiza un marco de coordinación que respalda la seguridad jurídica de sus decisiones, respetando siempre su autonomía y cosmovisión”, afirmó la ministra.
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Reconocimiento del debido proceso indígena
Una de las principales innovaciones del proyecto es el reconocimiento del debido proceso en los sistemas de justicia indígena, un aspecto que hasta ahora carecía de respaldo legal claro. Este reconocimiento permite que las comunidades indígenas administren justicia bajo sus propios parámetros, sin perder de vista el respeto por los derechos fundamentales. Además, la ley crea bases para una colaboración efectiva entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ordinaria, permitiendo que ambas formas de justicia trabajen en conjunto.
“La falta de una reglamentación clara sobre la coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria ha generado vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas durante décadas”, explicó el Ministerio de Justicia, destacando que esta ley busca resolver esas dificultades históricas.
Garantías para los derechos de las mujeres indígenas
El proyecto también incluye salvaguardas clave para garantizar los derechos de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades. Se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el fin de prevenir y transformar prácticas que pudieran lesionar los derechos de las mujeres, asegurando así que la justicia respete principios de igualdad y protección.
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