La Procuraduría decidió reabrir la investigación disciplinaria contra el alcalde electo del municipio de Gigante Josué Manrique Murcia, por presuntas irregularidades en la planeación y adecuación de la zona de comidas del parque recreativo ‘Yuma’.
Diario del Huila, Investigación
En un giro inesperado, la Procuraduría Provincial de Garzón anunció la revocación del archivo de la investigación disciplinaria contra el alcalde electo de Gigante, Josué Manrique Murcia. La investigación, iniciada en junio de 2018 a raíz de una queja presentada por Luis Eduardo Luna Trujillo, señalaba presuntas irregularidades relacionadas con la planeación de la adecuación de la zona de comidas en el parque recreativo «Yuma» de la municipalidad.
La controversia giraba en torno a posibles riesgos eléctricos generados por el incumplimiento del artículo 13 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que especifica las normas para instalaciones eléctricas en áreas públicas. Según la Electrificadora del Huila, la zona de comidas no cumplía con dichas normativas, lo que podría representar un peligro para quienes hicieran uso de los locales.
Tras un extenso proceso administrativo, la Procuraduría Provincial de Garzón emitió un Auto de Archivo Definitivo el 19 de mayo de 2023, absolviendo al alcalde electo Josue Manrique Murcia y a Francisco Javier Cubillos Gil, involucrado en la investigación. Sin embargo, el 31 de mayo del mismo año, Luis Eduardo Luna Trujillo presentó un recurso de apelación, argumentando que las autoridades no consideraron adecuadamente los riesgos asociados a la planta generadora de energía y las acometidas de gas domiciliario.
La Procuraduría Regional de Instrucción Huila asumió la responsabilidad de revisar el recurso de apelación. El análisis se centró en los supuestos fácticos señalados por Luna Trujillo y la congruencia de la decisión de archivo. En este sentido, se descartó la objeción de Luna Trujillo sobre la participación de los investigados en la práctica de pruebas, considerándola una garantía del derecho de contradicción y defensa.
“En el contexto de la investigación disciplinaria, se destaca que las dos personas señaladas como empleados públicos participaron activamente en dos diligencias dirigidas por el Ministerio Público. Durante este proceso, se verificó que el área en cuestión se encontraba por debajo del circuito de 13.8KV, lo que desencadenó preocupaciones sobre posibles riesgos eléctricos asociados. Al analizar la administración previa de la zona, se observa que desde el inicio de la gestión se proyectó la construcción de locales para comidas. Se sostiene que, debido al deterioro de la lona que cubría la zona, se llevó a cabo el desarrollo del proyecto, lo cual implicó su modificación. Sin embargo, se argumenta que este cambio no fue más que una adaptación necesaria”, indica el oficio entregado por el órgano de control.
Obras sin parámetros
El recurso también cuestionaba la omisión en la revisión de parámetros del RETIE en el diseño de las obras de adecuación. La Procuraduría Regional concluyó que efectivamente hubo incumplimiento del RETIE, lo que llevó a la alteración del régimen de deberes del servidor público. Se determinó que la construcción de las obras de adecuación no tuvo en cuenta los parámetros establecidos previamente, generando una irregularidad en la inversión de recursos públicos.
Se destacó que, a diferencia de las obras realizadas bajo el Contrato No. 02 de 2014, las obras ejecutadas en el Contrato No. 185 de 2017 no cumplieron con los requisitos del RETIE. La omisión en la revisión de los parámetros de seguridad del RETIE resultó en la negación del suministro de energía a la obra construida.
El dictamen resultante de esta revisión establece que, en la fase de planificación de las obras de adecuación, se desatendió el cumplimiento de los parámetros preestablecidos, como se evidenció en las observaciones de Electrohuila desde 2013 sobre el diseño y construcción del proyecto YUMA.
De este modo, no está debidamente respaldado el argumento de que el error en este caso sea insuperable, especialmente porque los diseños de la adecuación de las zonas de comida se elaboraron sin considerar las mencionadas distancias mínimas de seguridad, tal como exige el reglamento mencionado.
Era previsible que, debido a esta omisión, el suministro del servicio de energía eléctrica no sería autorizado, ya que implicaría un riesgo para las personas y la naturaleza, según lo establecido por el RETIE.
La Procuraduría Regional determinó que el error no era invencible y que la falta disciplinaria estaba configurada. Sin embargo, se pronunció únicamente sobre los aspectos impugnados por Luna Trujillo, revocando así la decisión de archivo y reabriendo la investigación disciplinaria contra el alcalde electo Josué Manrique Murcia y Francisco Javier Cubillos Gil.
Este revés significa que el proceso continuará, y se espera que se realicen nuevas diligencias para esclarecer completamente la situación.
El Auto de Archivo Definitivo emitido por la Procuraduría Provincial de Garzón en mayo de este año, que inicialmente parecía poner fin a las preocupaciones legales del alcalde electo, ahora se ve cuestionado. La comunidad de Gigante observa con atención el desenlace de esta trama judicial, que ha mantenido a la municipalidad en vilo durante años.
La controversia ha generado debate en la opinión pública local y ha destacado la importancia de la planificación adecuada en proyectos públicos. La seguridad eléctrica y el cumplimiento de normativas técnicas se han convertido en temas de discusión en la comunidad, que espera respuestas claras y acciones efectivas por parte de las autoridades.
Los próximos pasos en este caso podrían definir el destino político y legal del alcalde electo Josué Manrique Murcia. La Procuraduría Regional de Instrucción Huila tendrá la responsabilidad de llevar a cabo una revisión minuciosa, considerando los argumentos presentados en el recurso de apelación y asegurando que se respeten los principios fundamentales del derecho procesal.
