Después de un año de lecciones y aprendizajes, la respuesta institucional no puede seguir siendo la misma que se utilizó hace catorce meses: encerrar a la ciudadanía.
La pandemia ha propiciado intensos debates alrededor del mundo sobre las capacidades de las instituciones democráticas para hacer frente a la crisis. Podrían mencionarse a los menos, tres diferentes momentos que han tenido estas discusiones que, por supuesto, no obedecen a períodos definidos sino a fases que se superponen entre sí y que siguen generando diversas opiniones y respuestas.
En una primera etapa, cuando se ordenaron los primeros confinamientos en el mundo, aparecieron rápidamente interrogantes como ¿hasta dónde pueden llegar las facultades de las autoridades al momento de imponer restricciones a la libertad personal y a la movilidad de las personas con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad? Y en ese sentido, ¿cómo armonizar las medidas encaminadas a frenar los índices de contagio al tiempo que se permite -por ejemplo, en países como el nuestro con altísimas tasas de informalidad y desempleo- que las personas salgan a las calles a asegurarse su sustento diario?
En un segundo momento, en el contexto de los picos de la pandemia y mientras los gobiernos trabajaban en aumentar la disponibilidad de insumos e infraestructura, surgieron problemas de justicia distributiva: ¿cuáles deben ser los criterios que orienten la priorización para la asignación de recursos sanitarios y hospitalarios escasos? Por ejemplo, en aquellos eventos de sobredemanda de ventiladores y camas de cuidados intensivos ¿cuáles son las pautas constitucionalmente admisibles para tomar decisiones correctas de asignación?
Después de que se iniciara el proceso de vacunación en el mundo surgió una tercera etapa con preguntas muy complejas como aquellas que indagan, por ejemplo, si un país puede restringir la entrada a su territorio de personas no vacunadas, lo que se ha conocido como la exigencia del «pasaporte de inmunidad» o «pasaporte biológico». Incluso hay quienes han llegado a cuestionarse si un empleador tiene la posibilidad de exigir la prueba de la vacunación para contratar a sus empleados o si los establecimientos de comercio pueden exigir un comprobante de vacunación contra la covid 19 como condición para permitir la entrada o prestar un servicio al público.
Desde hace dos semanas, en varias ciudades del país se volvieron a decretar cuarentenas y medidas de confinamiento estrictas. Por este motivo y como si fuera un ciclo que se repite, las preguntas de la primera etapa han vuelto a ponerse sobre la mesa. Sin embargo, después de un año de lecciones y aprendizajes, la respuesta institucional no puede seguir siendo la misma que se utilizó hace catorce meses: encerrar a la ciudadanía.
Hoy contamos con suficiente evidencia epidemiológica que nos muestra que las probabilidades de contagiarse se reducen sustancialmente cuando estamos en espacios abiertos o con óptima circulación de aire. En ese sentido, más que seguir enclaustrando a las personas en sus casas, es importante que las administraciones entiendan la importancia de las ayudas a aquellas familias que no tienen un ingreso asegurado que les ayude a suplir sus necesidades durante la cuarentena. De la misma manera, es importante que las autoridades entiendan que hay sectores económicos que no pueden seguir asfixiados con los cierres, como ocurre, por ejemplo, con los bares, catering y restaurantes y que, respecto de ellos, las políticas públicas deben estar dirigidas a que, en vez de que no se abran los negocios, se implementen con seriedad protocolos bioseguros.
En síntesis, no podemos seguir atendiendo esta crisis como si continuáramos en el primer día de la pandemia, obviando la experiencia y la evidencia disponible e ignorando las graves afectaciones a la economía que están sufriendo nuestras comunidades.
