La sociedad colombiana se encuentra consternada por el atroz crimen a mansalva cometido por las disidencias de la Farc a una patrulla de la policía que fue emboscada en el sector de la vereda Corozal en la trocha que conduce al corregimiento de San Luis de esta ciudad. Fueron masacrados siete uniformados de la fuerza pública y herido el patrullero Gustavo Alberto Esquivel Rojas, que escapó y sobrevivió al atentado, permaneciendo escondido entre el monte hasta que fue rescatado por los demás integrantes de la institución horas después. Son innegables los casos de masacres en algunas zonas del territorio colombiano, contra líderes sociales, familias e integrantes de las Fuerzas militares como el ocurrido el viernes anterior. Estos hechos atroces desbordan la capacidad de respuesta de estas autoridades para prevenirlos. Mientras exista el combustible del narcotráfico y la minería ilegal, podemos inferir que se seguirán presentando este tipo de acciones delincuenciales.
Desde que se posesionó el presidente Petro, que el miércoles próximo cumple su primer mes de mandato, han ocurrido quince hechos lamentables de masacres en el país. Es destacable la buena intencionalidad de buscar la paz total. Pero dadas las circunstancias y la coyuntura actual como se presenta el conflicto armado, que cada vía crece y que desafortunadamente es alimentado por el flagelo del narcotráfico que es un problema trasnacional y que supera el accionar propuesto por el actual gobierno, será muy difícil contrarrestar esta otra pandemia que corroe los cimientos de la democracia colombiana. Se convierte en una mayúscula preocupación para el ejecutivo nacional. No se puede bajar la guardia. Mientras exista demanda de narcóticos en el mundo, habrá oferta para satisfacer este mercado detestable que está afectando y destruyendo a las nuevas generaciones en el mundo. Solamente en Estados Unidos, han ocurrido cerca de 300 masacres durante el 2022. En el país van 174 en lo que va corrido el año.
Consideramos que estos eventos no pueden volver a seguir presentando en nuestro territorio. La Policía debe planificar con mayor efectividad los desplazamientos en ese tipo de zonas que son catalogadas como potencialmente peligrosas, o de riesgo. Igualmente, el gobierno nacional debe desarrollar una agresiva inversión social y de infraestructura para mejorar las condiciones de bienestar de los pobladores de esta localidad, que son noticia cuando suceden estos hechos trágicos. El Estado tiene una tarea para volver productivas a las zonas afectadas por el conflicto en el territorio nacional y para ello, se deben emprender acciones preventivas para evitar que vuelvan a suceder hechos parecidos. El accionar de las fuerzas militares y de la fuerza pública, no se pueden debilitar. Al contrario. Se deben fortalecerlas para proteger a la sociedad colombiana y para conservar las instituciones democráticas del país.
