Hemos venido siendo reiterativos desde esta tribuna de opinión, que dentro de los múltiples delitos abominables que se han venido cometiendo desde hace más de seis décadas por parte de los grupos narcoterroristas en el país, es el reclutamiento forzado de menores de edad, que han afectado a miles de familias colombianas porque han perdido a sus hijos que han sido raptados por estos desadaptados sociales. Los han convertido en instrumentos de guerra y están siendo utilizados para fortalecer sus estructuras criminales. Desde que se empezó la implementación del Acuerdo Renegociado de Paz nos ha permitido conocer el fondo verdadero de esta cruda realidad que ha venido soportando la sociedad colombiana. Y ahora, desde que asumió la presidencia de Gustavo Petro Urrego, nuevamente se han intensificado en algunas regiones del país, esta detestable práctica inhumana, que ha obligado a las familias a salir de los territorios donde operan estas organizaciones.
Ya ni las familias indígenas se excluyen de este reprochable reclutamiento forzado de menores de edad. Según lo manifestado por la Defensoría del Pueblo, el 75% de los casos de reclutamiento en el país, corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas. Como si fuera poco, en el municipio de La Plata, varios comuneros han recibido amenazas contra su vida e integridad por actores armados. La situación de seguridad es compleja, en los municipios que se encuentran cerca del departamento del Cauca.
Inclusive, después de años de conflicto, de arrogancia, de discursos testarudos e irreflexivos, los líderes de las extintas Farc están reconociendo su error. Mostrando esperanzadoras señales de reflexión, varios miembros del viejo secretariado de las Farc decidieron cambiar de discurso. Pese a que en varias ocasiones los líderes del partido FARC han hecho declaraciones negando el reclutamiento forzado de menores de edad, los abortos forzados y justificando con artilugios retóricos el secuestro, ahora han vuelto a comprometerse con la verdad, justicia y reparación.
Expertos vaticinan un aumento del reclutamiento forzado de menores, que es considerado una práctica execrable, con el fin de utilizarlos como escudos humanos. Frente a esta horrible conducta, hay que ser muy claros en que la responsabilidad recae por completo en los reclutadores. Que no quepa duda. En otra esfera se ubican las discusiones acerca de hasta qué punto la inteligencia militar podría haber obrado de otra forma para evitar una tragedia como la de marras y la de cómo comunicar un acontecimiento así de trágico. Es evidente que, en este frente, todos los esfuerzos deben dirigirse a la prevención. Y èstos solo podrían ser efectivos si se apalancan en una presencia integral del Estado en los territorios donde existe riesgo de reclutamiento forzado. Solo así se logra librar a los niños y a las niñas, y a sus padres, del riesgo de ver sus sueños triturados por esa máquina de la muerte.
