Dentro de los múltiples delitos abominables que se han venido cometiendo desde hace más de cinco décadas por parte de los grupos narcoterroristas en el país, es el reclutamiento forzado de menores de edad, que han afectado a miles de familias colombianas porque han perdido a sus hijos que han sido raptados por estos desaptados sociales. Los han convertido en instrumentos de guerra y están siendo utilizados para fortalecer sus estructuras criminales. La implementación del Acuerdo Renegociado de Paz ha permitido conocer el fondo verdadero de esta cruda realidad que ha venido soportando la sociedad colombiana.

Después de años y años de conflicto, de arrogancia, de discursos testarudos e irreflexivos, los líderes de las extintas Farc están reconociendo su error. Mostrando esperanzadoras señales de reflexión, varios miembros del viejo secretariado de las Farc decidieron cambiar de discurso. Pese a que en varias ocasiones los líderes del partido FARC han hecho declaraciones negando el reclutamiento forzado de menores de edad, los abortos forzados y justificando con artilugios retóricos el secuestro, ahora han vuelto a comprometerse con la verdad, justicia y reparación. Si bien los comunicados públicos, se convierten en un buen primer paso, lo más importante son los testimonios y la información que están brindando a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, para conocer lo sucedido durante el conflicto armado.

El conflicto fue y ha sido variopinto. Son 8’970.712 víctimas registradas en la Unidad de Víctimas. Gran parte de estas personas, 7’992.981, han sufrido desplazamiento forzado; alrededor de un millón han sido víctimas directas de homicidio; 491.357 de amenazas, y 37.372 fueron víctimas de secuestro. Casi un quinto de la población total del país es víctima, las otras cuatro quintas partes son víctimas indirectas.

En la reunión que se llevó a cabo con los gobernadores del Cauca, Tolima y Huila, el lunes anterior, se afirmó que, durante la presente vigencia, ha regresado el reclutamiento forzado provocado por las diferentes organizaciones ilegales que operan en estos territorios. En el Huila, se han presentado dos casos ocurridos en los municipios de La Plata y Aipe. Gracias al accionar de las autoridades, se lograron recuperar y regresarlos al seno de sus familias. Hay necesidad de emprender un accionar interinstitucional para evitar que estos casos aberrantes que atentan contra la dignidad humana vuelvan a ocurrir en esta región. La mejor manera de honrar a los adolescentes y de reparar a sus familias es entender su tragedia como un mandato. Después del horror tiene que venir la acción.