Por; Mario Solano
Muchos políticos están de acuerdo con la reducción del estado, sin embargo, la mayoría de estos son aquellos que no tienen burocracia. Cuando adquieren dicha burocracia enseguida cambian de opinión, como se acaba de ver en Bogotá con la alcaldesa Claudia López, quien se opuso férreamente a Peñaloza cuando quiso firmara el POT de su administración por decreto, pero ahora que le toco a ella, corrió a firmar el POT de Bogotá a través de este mismo, mecanismo. Esas incoherencias son las que devalúan a la política.
Sin duda el estado debe tener la burocracia suficiente para operar de forma eficiente. A pesar de ello, algunos políticos que toman las riendas de las instituciones públicas, creen que, con tener más puestos, adquieren mayor posibilidad de salir electos. Tristemente se observa que pueden tener razón, ya que los ciudadanos que se ven beneficiados por estas prácticas, son quienes salen a votar, mientras que la gente independiente prefiere quedarse en su casa, permitiendo así que nuevamente salgan electos los candidatos que perpetúan las malas prácticas. Aquellos que tienen esos puestos públicos son los que defienden el estado grande e hipertrófico. No ven como esos son recursos deberían ser bien invertidos, estimulando así el progreso, para que las empresas privadas sean las que generen empleo y desarrollo en la comunidad. Ahí es donde está el crecimiento lógico de una sociedad, no en el crecimiento del estado.
Hace unos meses, en una tertulia de diversos temas, se exponía la unificación de dos grandes entidades del estado: procuraduría y contraloría. Varios países tienen este modelo y ha mostrado funcionar de forma eficiente. La idea no me pareció descabellada ya que, después de ser contralor distrital y contralor delegado de la Contraloría General de la República, evidencié que el órgano que le produce el principal material a la procuraduría para que esta pueda investigar, es La Contraloría. Las razones son obvias, ya que la contraloría es el único órgano de control que lleva a cabo auditorías a las entidades del estado y es ahí donde se evidencian las presuntas irregularidades que abren los procesos de investigación. Las investigaciones que deban proceder bajo un carácter disciplinario, se trasladan a la entidad correspondiente, La Procuraduría. Algunos puristas del derecho dirán que son materias diferentes. Si bien es cierto que lo son, la investigación se puede unificar, lo cual reduce en un importante porcentaje, no solo el personal necesario, sino, el trabajo, el esfuerzo, los recursos del estado y de tiempo, entre otros. En fin, se gana bastante. Este mismo procedimiento se podría aplicar en múltiples etapas de la investigación. En un punto más avanzado, se califica la irregularidad, sea disciplinaria o fiscal. Es un tema que amerita dar la discusión en pro de la reducción del estado y así contribuir a tener mayores recursos en donde se deben invertir.
Escuché el día miércoles 29 de diciembre por La Luciérnaga de Caracol, a nuestro periodista Huilense Melquisedec Torres, hablando sobre la denuncia que realizó su colega William Gutiérrez en torno al alcalde Gorky Muñoz, quien presuntamente tendría nexos con las FARC. La denuncia es muy grave, tanto si lo es, como si no lo es, y debe ser investigada por las autoridades. Ya vimos como el gobernador de Arauca está preso por darle contratos al ELN, por eso no es menor esa denuncia pública. A mis lectores, un feliz año 2022.
