La reciente reestructuración administrativa en Neiva, ordenada por el alcalde Germán Casagua a través del decreto 0428 del 2024, ha generado una controversia significativa, y con razón. Bajo la apariencia de una reorganización necesaria, el alcalde ha eliminado 120 cargos, incluyendo 30 provisionales y 90 de carrera, un movimiento que ha sido calificado por la opinión pública y líderes locales como una «masacre laboral».La concejal Lourdes Mateus ha señalado que Casagua ha intentado utilizar al Concejo Municipal como un «escudo político», compartiendo responsabilidades que le competen únicamente a su administración. Esta maniobra desvirtúa la función del Concejo y erosiona la confianza de la ciudadanía en la administración local.El alcalde Casagua no solo incumplió el acuerdo municipal que le otorgaba facultades para la reestructuración, sino que además lo hizo de manera opaca y sin la debida socialización de los cambios, como lo establece la normativa. El hecho de que los estudios previos necesarios para justificar esta reestructuración aún estaban «en construcción» cuando se solicitó información, es un claro ejemplo de la falta de planificación y transparencia.A esto se suman las voces de las personas despedidas, a quienes notificaron con un correo electrónico en horas de la madrugada del pasado domingo, sin tener ningún trato digno. Muchos alegan que estas reestructuraciones parecen responder más a intereses políticos que a las verdaderas necesidades del municipio, pues alegan que de manera paralela el mismo Alcalde tiene una numerosa nomina, que no compensaría el propósito de la reestructuración.El Concejo Municipal, por su parte, debe asumir un rol más activo y no permitir que su función de control político sea debilitada por maniobras que solo buscan evadir responsabilidades. La estabilidad y eficiencia de la administración pública en Neiva dependen de ello. La ciudadanía merece una gestión transparente y comprometida, no un ejercicio de poder mal dirigido que pone en riesgo la confianza pública.
