Ernesto Cardoso Camacho
Los sistemas democráticos se caracterizan por definir reglas constitucionales y legales que estimulen la libre participación política de los ciudadanos y las disposiciones que regulen el sistema electoral.
Durante muchos años en Colombia el sistema electoral fue cuestionado severamente al punto que se hizo famosa la frase popular “ el que escruta elige”.
Actualmente cursa en el Congreso el proyecto de Ley Estatutaria que pretende modificar o sustituir el Código Electoral vigente desde 1.986. En éstos 34 años se han desarrollado numerosos procesos electorales que si bien es cierto ya no han reflejado la famosa frase, también es verdad que por la dinámica social y política que ha transcurrido durante este tiempo, sus normas en muchos casos lucen obsoletas y deben ser modernizadas.
El organismo constitucional que hoy regula tales procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral donde tienen asiento los representantes de los partidos políticos, el cual, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organiza y estructura las elecciones que cada 4 años se desarrollan para renovar el Congreso; las Asambleas; los Concejos y Juntas Administradoras Locales; gobernaciones y Alcaldías, así como la sucesión presidencial; y los demás eventos electorales que se diseñaron en la Carta Política como Plebiscito; Referendos; Consultas Populares, etc.
En su trámite legislativo ya existe aprobación en las Comisiones constitucionales de cada cámara, para luego ser sometido a las plenarias de cada corporación. Se observa que el proyecto ha logrado consolidar las mayorías suficientes para que finalmente sea convertido en ley y pase al examen de la Corte Constitucional, antes de recibir la sanción presidencial.
A esta altura de su trámite ya se empiezan a conocer las objeciones que sobre su contenido han expresado autorizados voceros políticos como Vargas Lleras; el Procurador Carrillo; organizaciones sociales de ciertas minorías étnicas; columnistas y diversos editorialistas de los grandes medios de comunicación.
Las coincidencias de sus críticos se dirigen hacia la inconveniencia de que el Congreso otorgue facultades extraordinarias al presidente y al Registrador, para modificar la estructura administrativa y burocrática del sistema; pues según afirman, ya se han hecho nombramientos de Delegados Departamentales y Registradores en muchos sitios del país, pagando de manera anticipada los apoyos de los congresistas al proyecto de ley.
Sin embargo, existen otras preocupaciones relacionadas con la transparencia del voto y de su respectivo escrutinio; ahora que se está implementando la cédula digital y se definen otros mecanismos como el voto anticipado y por correo; se supone que electrónico; entre otras medidas que pretenden facilitar el acceso ciudadano con el fin de superar la histórica abstención electoral.
Al respecto, cabe observar que la experiencia que se esta viviendo en los Estados Unidos con ocasión de la reciente elección presidencial del 3 de noviembre; no obstante que allí el sistema electoral opera en el marco constitucional y legal de un Estado Federal; donde la credibilidad de los resultados viene siendo severamente cuestionada por el Presidente Trump y muchos portales de internet independientes, alegando un fraude monumental en favor de Biden y de su partido Demócrata; donde además cuestionan a la gran mayoría de los principales medios de comunicación masiva como CNN y el New York Times por haber proclamado de manera anticipada como ganador a Biden, sin que se certifiquen los resultados en estados claves que determinarán la mayoría en el Colegio Electoral.
Trump y sus seguidores aseguran que sus denuncias de fraude con las respectivas pruebas serán llevadas a la Suprema Corte antes del 14 de diciembre, fecha en la cual, los Estados deberán certificar los respectivos resultados y la conformación de sus delegados.
Lo que si es cierto, en este caso, es que la democracia está siendo muy afectada en esta coyuntura en la principal nación que ha promovido las libertades, las oportunidades y la libre empresa; y con la fama, bien ganada, de tener un sistema electoral centenario aunque poco conocido.
La principal censura que de mi parte refiero al proyecto, consiste en que nada ganamos en términos de afianzar la indispensable credibilidad y confianza en nuestro sistema democrático y electoral; mientras previamente no se haga una profunda reforma al sistema político que nos rige, dado que con los partidos y dirigentes que hoy tenemos, seguirán eligiéndose las mismas roscas clientelistas y por desgracia muchas de ellas corruptas que han dominado el escenario nacional.
