El afán reformista de toda la institucionalidad colombiana, en sus diversas áreas que la componen, está generando una reacción adversa a la imagen del presidente Gustavo Petro al cumplir los primeros meses, de acuerdo con las empresas encuestadoras, que reflejan necesariamente el rechazo a su accionar gubernamental. Tal es el caso, del Proyecto de Ley que el gobierno nacional presentó el día anterior a consideración del Congreso de la República, donde la opinión pública lo considera como un homenaje a los criminales, un regalo a los bandidos, una bofetada a la ciudadanía que quiere más justicia y una invitación a que padres infames pisoteen los derechos de los niños mediante normas claramente inconvenientes e inconstitucionales.
Respecto a lo que el gobierno proyecta para descongestionar las cárceles, algunos sectores lo consideran ridículo y risible. Con ello se busca la rendición del Estado ante los delincuentes. Se coloca la Ley al servicio de los victimarios. Es un mal mensaje a la sociedad, en medio de la más grande crisis de la operatividad de la justicia que actualmente es inoperante. De acuerdo con la Corporación excelencia en la Justicia, en Colombia existe un 95% de impunidad, un 21% de hacinamiento. Hay un debilitamiento progresivo del aparato armado del Estado, existe una ingobernalidad. Los reos ya tienen suficientes beneficios. El proyecto cree que la resocialización se logra renunciando a que la cárcel sea el lugar donde los criminales purguen su pena y adquieran elementos para reinsertarse en la sociedad lejos del crimen.
La mayoría de los medios de comunicación del país, coinciden que este proyecto es reiterativo en sacar a los delincuentes de las cárceles a la calle a través de todas las modalidades imaginables, incluyendo la gira turística cotidiana para que salgan por la mañana y vuelvan por la tarde. Claro que hay que humanizar las cárceles y evitar que sean escuelas del crimen, pero eso hay que hacerlo con los delincuentes adentro, no en las calles reincidiendo, delinquiendo y azotando a la gente. Es una catástrofe para la seguridad ciudadana.
Así no lo quieran aceptar, las altas esferas del Gobierno nacional, con estas gabelas que se le ofrece a los transgresores de la Ley, el Estado se vuelve cobarde, fracasado, irresponsable, pusilánime y tramposo. Busca las soluciones para resolver el hacinamiento carcelario, condenando a la ciudadanía a que los delincuentes queden libres en la calle y se vuelvan reincidentes en los mismos delitos. Es una invitación a delinquir. Delinque, delinque tranquilo que es poco probable que te agarren; si te agarran, es poco probable que te condenen, y si te condenan, en la cárcel solo estarás un ratico. Esperamos que los congresistas enmermelados tengan conciencia de este esperpento jurídico, y no lo aprueben por la salud de la democracia.
