Por: Aníbal Charry González
El Gobierno del presidente Petro ha designado una comisión de expertos para proponer la enésima reforma a la justicia que ojalá no resulte fallida como ha sucedido con las anteriores reformas que mal contadas van 16 , producto de la falta de claridad y voluntad política de los anteriores gobiernos para realizar una reforma integral que responda a una auténtica solución a los incurables problemas de morosidad, impunidad y corrupción del sector, y a los intereses encontrados que bullen en el Legislativo que han llevado al fracaso de la siempre aplazada reforma como sucedió en el gobierno de Santos, donde finalmente la Corte Constitucional dejó sentado que sustituía la Constitución con la eliminación de la comisión de acusaciones y la creación de una corte de aforados.
Lo primero que hay que decir es que somos escépticos de los resultados de dicha comisión, y más cuando no existe claridad sobre la intenciones del Gobierno en el tema que ha requerido de una comisión, que se sabe es la mejor manera de dilatar las soluciones para una problemática endémica como la que existe en la justicia, sin que se hayan podido sentar las bases siquiera de su solución manteniendo su precaria y aberrante situación de impunidad, ineficiencia y corrupción, como que somos el único país del mundo con cartel de la toga en las altas cortes.
Porque según lo ha afirmado el ministro de Justicia Néstor Osuna, no se sabe si lo que se propone es una reforma integral a la justicia, o una simple reforma judicial que cambie las cosas para seguir igual, pues como lo dijo el exprocurador Alfonso Gómez Méndez, habría que preguntar que es lo que se quiere realmente, cuando sostiene por boca del ministro que “está especialmente interesado en reformas que permitan volcar la justicia hacia el esclarecimiento de la verdad, hacia una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, hacia el pleno disfrute de los derechos por toda la población, lo que incluye el fortalecimiento de los enfoques diferenciales, y en especial a que haya más justicia…”. Mejor dicho: la Arcadia de la justicia no solo judicial sino social, en un país que ha carecido sistemáticamente de ellas.
Colosal empresa que no ha podido realizarse en este violento e injusto país, donde bastaría que los gobiernos tuvieran verdadera voluntad política de resolver los problemas crónicos de la justicia con un gran presupuesto de la que nunca se ha dotado, con el fin de que por lo menos tengamos la media internacional de 65 jueces por cada 100.000 habitantes y no 11 como tenemos, para tratar de quebrarle el espinazo a la aberrante impunidad en el 98 por ciento de los crímenes, comenzando por los que cometen los aforados, creando un verdadero juez que los ronde y no el remedo que tenemos en la vergonzosa comisión de acusaciones, que sólo se podrá hacer con el constituyente primario como ya lo dijo la Corte, o sea prácticamente imposible. Por eso somos escépticos sobre los resultados de la enésima reforma a la justicia.
