La transformación integral de la Policía Nacional quedó dependiendo de un proyecto de ley que anunció en días anteriores el presidente Iván Duque, que será presentado al Congreso el 20 de julio, después de que este martes la Comisión Primera de Cámara hundiera una iniciativa por medio de la cual se dictaban medidas para la prevención y sanción de los abusos en la actividad de los uniformados.
La iniciativa del representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Inti Asprilla, respaldada por la bancada de su colectividad y otras de la oposición, incluso un par de parlamentarios del Partido Liberal y Cambio Radical, fue negada con 22 votos que aprobaron su archivo, contra 12 que manifestaron positivamente seguir el curso del debate de esta.
Este proyecto no fue radicado por la coyuntura del actual paro nacional, en el que se han denunciado varios casos de supuesto abuso de fuerza de algunos uniformados en el control de las manifestaciones, pues Asprilla lo llevó al Congreso en noviembre de 2020 después de las protestas en septiembre pasado en Bogotá tras la muerte del estudiante Javier Bermúdez en un procedimiento policial, así como los hechos subsecuentes que se presentaron y que dejaron al menos 10 personas muertas.
Asprilla, quien también fungió como ponente para el primer debate, expresó que “el proyecto busca crear una política contra el abuso policial en tres ejes: el educativo, estableciendo una cátedra de Derechos Humanos y uso proporcional de la fuerza para los uniformados; la evaluación psicológica para antes de ingresar como miembro del cuerpo policial; y una reforma parcial del Código de Policía y el Código Disciplinario de la Policía”.
El parlamentario de oposición había explicado que tal reforma se centraba en varios ámbitos de regulación de la práctica operacional de la Policía Nacional. Unas primeras regulaciones se dirigían a la prohibición de la maniobra de estrangulamiento, a la prohibición expresa de golpear en la cabeza y el cuello con el bastón tipo tofa, otra tendiente a la utilización del Taser y unas últimas que estaban orientadas al uso de gases lacrimógenos y armas aturdidoras.
Para el representante del Centro Democrático por Risaralda, Gabriel Vallejo, “este Proyecto de ley busca maniatar a la Policía Nacional para que no cumpla su misión constitucional, que es defender la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos”.
Mientras que el representante del Partido de la U por el Valle, John Jairo Hoyos, tras relatar su propia experiencia de retención por parte de la Policía, se preguntó “¿Si así tratan a un congresista, como tratan a los ciudadanos de a pie? Y dijo que al ofrecer apoyo al proyecto de Asprilla “no estamos amordazando la Policía, sino para que se haga transparencia en la institución insignia de los colombianos”.
Por su lado Adriana Magaly Matiz, representante conservadora por el Tolima, expresó no compartir el proyecto por cuatro razones: “Este no es solución para resolver el uso de la violencia desmedida, los policías en ejercicio son víctimas de violencia en función de sus actividades porque no todo uso de la fuerza por parte de Policía significa abuso policial y porque varios artículos del proyecto ya se encuentran reglamentados en la Ley”.
Para Matiz esta reforma debe darse al interior de la Policía, contar con la participación de las víctimas, enfocarse en hacer cumplir normas existentes y en la corrección de errores, así como una en la que se habla del uso legítimo de la fuerza, con estándares internacionales.
Proyecto del Gobierno
El pasado domingo el presidente Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dieron a conocer las bases del proceso de transformación integral de la Policía Nacional, que hace énfasis en la aplicación estricta de todos los principios y protocolos de derechos humanos, la certificación de los procesos, un cambio en la imagen institucional y la modernización de la entidad, para lograr una mayor sintonía con los ciudadanos.
La estrategia de transformación integral, contenida en un proyecto de ley que será presentado al Congreso el 20 de julio por el Gobierno y en un próximo decreto gubernamental, contempla, entre otros, la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional para la prevención, protección y respeto por los derechos humanos y el fortalecimiento de la política institucional.
Asimismo un nuevo Estatuto Disciplinario, que incluye la reestructuración de la Inspección General, supervisión y control del servicio policial y nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias.
De otra parte, la Comisión Segunda del Senado aprobó este martes en primer debate los ascensos de los oficiales de la Fuerza Pública, presentados por el Ministerio de Defensa, entre estos el del actual director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.
