Por: Rolando Monje Gómez
El tema ha generado polémica ya que muchos han advertido que eliminarla podría propiciar hechos de corrupción para beneficiar a unos candidatos específicos.
El estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 que se adelanta en el Congreso de la República y dos apartes del mismo han generado polémica. El primero se refiere a permitir el paso de ahorradores de los fondos de pensiones a Colpensiones, bajo ciertas condiciones, y el segundo, a la eliminación de un artículo de la Ley de Garantías, para evitar que la contratación y especialmente los convenios interadministrativos queden frenados en plena época electoral.
Sin embargo, el tema ha generado polémica ya que muchos han advertido que eliminarla podría propiciar hechos de corrupción para beneficiar a unos candidatos específicos. Pero ¿Qué es la Ley de Garantías? La Ley 996 de 2005 o Ley de garantías electorales, promueve el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa y está diseñado para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores.
El propósito de la misma, es afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales y que tanto los candidatos como los electores, aprovechen, en igualdad de condiciones, los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa.
En ese contexto, la ley establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía del equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral, evitando que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio para la campaña electoral para favorecer a uno o varios candidatos.
Sin embargo, la propuesta del gobierno de suspender un inciso de la Ley de Garantías levantó polvareda no solo en la oposición, sino incluso en los partidos de gobierno y en los gremios económicos. El debate de si las entidades públicas pueden contratar o no durante campaña electoral resucita ahora con más fuerza.
Este nuevo artículo (el 125) permitiría a las entidades del orden nacional y a las territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
La oposición lo ha calificado como un “mico” de enorme tamaño, señalando que se estaría autorizando a los funcionarios públicos a celebrar contratos durante el período electoral de 2022 con supuestas claras intenciones. Sin embargo, para analistas constitucionales, el artículo no resistiría la revisión jurídica de la Corte, pues se intentaría con una ley ordinaria (el presupuesto) modificar una ley estatutaria (la de Garantías).
La Ley de Garantías surgió por la reelección presidencial de Álvaro Uribe, y buscaba que el presidente de turno no se favoreciera en su aspiración a un nuevo período. Pero hoy ya no hay reelección y sí limita el ejercicio de la función pública en las regiones y más aún en la actual coyuntura de pandemia.
Los alcaldes y gobernadores que empezaron sus mandatos el primero de enero de 2020 no han podido adelantar, a plenitud, sus programas de gobierno, pues han tenido que atender la emergencia del covid-19. Ahora, cuando ha bajado un poco la intensidad de la pandemia y podrían empezar a ejecutar sus planes de desarrollo, se verían maniatados desde noviembre
de 2021 hasta julio de 2022.
Voces a favor y en contra
La Ley de Garantías comienza el próximo 13 de noviembre, cuatro meses antes de las elecciones de Congreso, período de prohibición de contratación que se uniría luego con la elección presidencial, cuya primera vuelta es en mayo y que, en caso de que haya segunda vuelta, iría hasta junio. De acuerdo a lo anterior, los mandatarios locales podrían volver a contratar en julio.
En medio de toda la polémica, el expresidente Álvaro Uribe, quien con su reelección motivó la implementación de esta ley, hoy está de acuerdo con que no debe levantarse en plena temporada electoral. Una iniciativa de esta naturaleza debió tramitarse en una época distinta y no cuando el país está a punto de desarrollar los comicios presidenciales y parlamentarios previstos para el próximo año.
Sin embargo, lo dicho por Uribe va en contravía de lo que había pronunciado el presidente Iván Duque, quien dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos, que tomaron posesión en enero del año 2020, han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas. “En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, concluyó.
Desde los partidos de oposición, no es complicado encontrar voces que se oponen al cambio de esta Ley. El senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”.
Para Rodrigo Lara “la eliminación de garantías es abrir las compuertas a la corrupción y a la extorsión, mediante la presión de alcaldes y gobernadores para que apoyen a uno de los dos
candidatos presidenciales cercanos al presidente, algo que en verdad nos entristece porque en este momento de tanto sufrimiento para los colombianos, de padecimiento, de desempleo, de microempresas quebradas que no recibieron ninguna ayuda del Gobierno, utilizar los escasos
recursos públicos para este tipo de maniobras politiqueras es francamente infame”.
Los gremios también
El Consejo Gremial se unió a los que se oponen. “Por ello, deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales“, manifestaron los gremios en un comunicado.
La propuesta del Consejo Gremial, que reúne a 29 gremios, es que el Gobierno ejecute de forma efectiva los recursos que tiene y así impulsar la reactivación.
A raíz de la petición de Uribe, la mayoría de los miembros de la bancada del Centro
Democrático habrían tomado la decisión de acoger el llamado de su líder y no votar
favorablemente este artículo incluido en el proyecto de presupuesto del año entrante.
Adicionalmente, integrantes de otras bancadas también estarían pensando en no respaldar esta propuesta tras considerarla inconveniente en este momento.
De esta forma, la posibilidad de modificar la Ley de Garantías de cara al 2022, quedó en la cuerda floja, tras haber perdido el respaldo mayoritario del partido de gobierno más grande representado en el Congreso de la República.
