El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jairo Villabona Robayo, destacó la necesidad urgente de una reforma tributaria estructural en Colombia, argumentando que el sistema actual no permite recaudar los recursos suficientes para atender las obligaciones sociales del Estado.
Entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, la DIAN logró importantes avances:
Recuperación de cartera: se recuperaron $21 billones.
Facturación electrónica: más de 158.000 nuevos facturadores electrónicos habilitados y $23,7 billones negociados en facturas electrónicas como título valor.
Sin embargo, Villabona enfatizó que estos logros no resuelven los problemas estructurales.
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Desafíos del sistema tributario
El director advirtió sobre el elevado gasto tributario de Colombia, que equivale al 7,2% del PIB, según datos de la CEPAL, siendo el más alto de América. Este gasto se deriva de los 294 beneficios tributarios vigentes, muchos de los cuales carecen de un análisis costo-beneficio o de una proyección temporal clara.
“Eso ha pasado por el lobby político del país, que ha minado el sistema tributario con todos estos beneficios. Aquí la solución sería una reforma estructural, pero cada año hacemos son reformas coyunturales. Tiene que haber una verdadera reforma tributaria, pero no hay voluntad política para solucionar problemas de fondo como salud, educación e infraestructura”, agregó”, señaló Villabona.
También mencionó que el panorama económico ha sido desafiante:
Industria y comercio aún muestran una recuperación incipiente.
El pago de la deuda nacional ha aumentado en más de $200 billones en los últimos dos años.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha absorbido más de $40 billones.
Lucha contra el contrabando y crimen organizado
Villabona resaltó los esfuerzos de la DIAN para combatir el contrabando y el crimen organizado:
23.343 acciones de control resultaron en la aprehensión de 64,7 millones de unidades de mercancía, valoradas en más de $282.470 millones.
Desarticulación de 23 estructuras criminales, responsables de un impacto económico al Estado de $835.464 millones.
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