La discusión sobre el Proyecto de Ley 166 de 2023 Cámara, «Por medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia», ha generado un intenso debate entre los sectores empresariales y políticos del país. Durante las sesiones, la representante Katherine Miranda, líder ponente del proyecto, ha recibido numerosas observaciones sobre las potenciales repercusiones negativas de esta iniciativa en su forma actual.
Un análisis del Banco de la República, titulado «Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral», advierte que la aprobación de esta reforma podría resultar en la pérdida de aproximadamente 454,000 empleos. Este impacto se derivaría de los esfuerzos de las empresas por reducir personal para compensar el incremento de los costos laborales.
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La reforma, que incluye un aumento significativo del salario mínimo en 2024, podría elevar los costos laborales en un 40%. Un ejemplo ilustrativo muestra que un negocio operando de 10 am a 9 pm con tres empleados, incluyendo dos al salario mínimo y un administrador ganando el doble, actualmente gasta alrededor de $7,783,209 mensuales en salarios, horas extras y provisiones por indemnización. Con la nueva reforma, estos costos ascenderían a $10,009,211, un aumento del 28.6%.
Una encuesta realizada en abril entre empresas afiliadas revela un panorama empresarial preocupante si se aprueba la reforma. Un 31% de las empresas evitaría contratar personal adicional, un 21% ajustaría los horarios de trabajo y un 19% consideraría aumentar los precios de sus productos para compensar los costos adicionales. Además, un 12% de las compañías podría prescindir del personal no contratado a término indefinido, y un 6% podría verse obligado a cerrar algunos puntos de venta.
En conclusión, esta reforma laboral, al aumentar los costos operativos, podría provocar una disminución significativa en el personal contratado y una reducción en las inversiones, limitando la expansión empresarial y, en última instancia, obstaculizando el crecimiento económico del país. La discusión continúa, y tanto el sector empresarial como los legisladores siguen analizando cuidadosamente los posibles efectos de esta importante decisión.
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