Por Juan Pablo Liévano
Finalmente, se aprobó la reforma pensional. No valieron los argumentos sobre la inconveniencia de muchas de las disposiciones. Claramente, el sistema actual es inadecuado, pues pone a competir a dos sistemas, uno subsidiado y otro de ahorro individual, que con condiciones y premisas disímiles generan varios problemas. La reforma pretendió corregirlos. No obstante, no los resuelve todos y crea unos nuevos, pues no es fiel a la premisa de que la pensión surge del esfuerzo individual, que los recursos pensionales son propiedad privada y que existe una alta informalidad en el mercado laboral. Así, el umbral de 2.3 salarios es muy alto y generará una carga fiscal mayor, por lo que los recursos ahorrados y los flujos de los aportantes serán insuficientes para pagar las pensiones en el largo plazo.
Por otro lado, se utiliza el sistema pensional para “pensionar” a los que no han cotizado y con mesadas bajas a cotizantes que cuentan hoy en día con un ahorro personal. En el primer caso, no es adecuado que un régimen de pensiones subsidie a quienes no cotizan. En el segundo caso, es una expropiación. Adicionalmente, se canaliza la mayoría de los flujos al presupuesto nacional y al ahorro público, lo que implica un desahorro para la economía, el marchitamiento de los Fondos de Pensiones y su función económica de financiamiento, y una reforma tributaria por la puerta de atrás.
Respecto al régimen de transición, este se estableció de una manera muy laxa. No aborda, además, una estrategia de formalización, pues los cotizantes que no logren el mínimo de semanas no tendrán disponibles sus ahorros y tendrán paupérrimas mesadas. Y ni hablar de lo inconveniente de los regímenes especiales de pensión con enfoque de género y raza, con semanas reducidas, los impuestos a las pensiones, su pronta e innecesaria entrada en vigor, dada la falta de capacidades de Colpensiones, las comisiones que generarán una carga excesiva al sistema y al cotizante y la asignación de funciones inconstitucionales e inconvenientes de administración al Banco de la República.
Finalmente, la ley podría ser declarada inconstitucional, pues la Cámara de Representantes no hizo adecuadamente su trabajo. Debió debatir de manera amplia en la plenaria. Este debate se evitó con la estrategia del Gobierno de acoger el texto del Senado. El problema está en que ya se había debatido y aprobado un texto en tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, que además no incluía la proposición de acoger el texto del Senado. Adicionalmente, no se surtió la formalidad de dar publicidad a los representantes del texto del Senado, que finalmente se votó. Lo cierto es que en un Estado de Derecho y en una democracia, el debido proceso legislativo es importante y debe respetarse. Las formas validan las decisiones. Los debates enriquecen los proyectos, al llegar a acuerdos o, incluso, sirven para detectar y corregir errores de una a otra cámara. Como dicen: del afán no queda sino el cansancio. Es claro que faltó debate y análisis, pues el Gobierno pretende realizar una reforma de la reforma y la ley podría ser declarada inconstitucional, con todos los problemas políticos y frustraciones que esto traería al país.
