DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez
“Una vez más, como lobo disfrazado de oveja, la reforma tributaria de 2021 ha empezado a ser catapultada a la opinión pública como ‘Reforma social, solidaria y sostenible’. Siguiendo las líneas generales de la fábula infantil, el Gobierno disfraza con adjetivos atractivos una ley que afectará el bolsillo de muchos colombianos, en especial de aquellos a los que ya hemos denominado como la población sándwich”, según escribe profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Diego Guevara, en un diario capitalino.
“A grandes rasgos, la población sándwich se entiende como aquella que puede tener niveles de ingresos superiores a los de la línea de pobreza y vulnerabilidad, pero que no siempre tiene la estabilidad o la completa formalidad para catalogarlos como asalariados clásicos. Vale recordar que, según el DANE, la tasa de informalidad laboral llegó en el último trimestre de 2020 al 49,1 % en el país, y ciudades como Cúcuta y Sincelejo tienen cifras superiores al 65 %; muchos de estos informales son parte del grupo poblacional del que hablamos”, indica el analista.
Esto es más o menos, que la Reforma Tributaria que será presentada, por fin, esta semana al Congreso de la República, va dirigida a aquellos colombianos que no son tan pobres como los que registra el Dane, pero tampoco tienen los ingresos suficientes para ser ricos, los del medio, los asalariados, los que viven bien en el día a día, pero que no aguantan una cuarentena más.
“Así, entonces, esta población afronta no solo la dificultad de vivir en el día a día, un ejercicio que se hace en muchas ocasiones bajo el signo de la deuda, sino que ahora, con la crisis impulsada por la pandemia, verán afectado su ingreso real con un mayor pago de impuestos”, afirma Guevara.
Esta será la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que tramitará ante el Congreso de la República el Ministerio de Hacienda y que según han dicho, no solo buscará darle alivio a las finanzas públicas de la Nación, sino que también tendrá un ‘enfoque social’.
Inicialmente se había anunciado que la meta de recaudo sería de 15 billones de pesos, realmente se busca una suma superior a los $25,4 billones, es decir, aproximadamente 2,2% del PIB. Los primeros $10,5 billones se recaudarían a través del impuesto sobre las ventas (IVA), otros $16,8 billones por cuenta de las modificaciones de los impuestos a las personas naturales y los últimos $3 billones por los impuestos a las personas jurídicas. Adicional a ello, se restarían $5,1 billones de los giros para las regiones a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
La cifra está justificada en las propuestas sociales que va a incluir el Gobierno Nacional en el proyecto de ley, que busca garantizar un ingreso mínimo a los hogares que hoy se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema. Les quitará a unos, para darles a otros.
Según el Presidente Duque la deliberación en el Congreso debe pensar en dos propósitos: estabilizar las finanzas públicas y hacer una transformación social. Se propondrá volver permanente el programa de Ingreso Solidario; se ampliará la devolución del IVA y el programa de apoyo al empleo formal (Paef) se extendería hasta junio de 2021. Se subsidiarán hasta 100% las matrículas de educación superior a través de Generación E; y las cotizaciones de seguridad social para ciertos grupos poblacionales también serán subsidiadas.
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado tiene que ver con la ampliación de los bienes que aplican IVA, medida que podría afectar el consumo de millones de familias. Sin embargo, según el Ministerio de Hacienda, no se gravarán alimentos básicos de la canasta familiar, aunque si se eliminará por completo la categoría de los bienes exentos y todavía queda abierta la posibilidad de que se graven otros bienes y servicios.
El atractivo que presentan es hacer que el impuesto sea más progresivo, aumentando la cobertura de la devolución. Se pagarán $45.000 mensuales a 4,7 millones de hogares, lo que representaría un costo fiscal de $1,5 billones.
Hoy, 98 productos de la canasta familiar están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, 10 más tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%. La reforma tributaria pretende ampliar la canasta gravada de 53% a 60%. Por lo que varios productos y servicios que hoy en día cuentan con una tarifa de 5% pasarían a la general de 19%, entre ellos, el azúcar y los productos cárnicos como los embutidos.
Uno de los ‘atractivos’ que pretende mostrar la nueva propuesta de reforma es ampliar la devolución del IVA a un mayor número de colombianos.
A declarar renta
Ampliar la base gravable del impuesto de renta de las personas naturales es otra de las propuestas que incluirá la reforma tributaria. Las personas con sueldos desde $2,5 millones deberían declarar renta, mientras que a partir de $4 millones se deberían pagar el impuesto. Además, la propuesta de reforma plantearía sustituir las rentas exentas por una única renta exenta automática.
Sobre este punto escribe el profesor Diego Guevara: “volviendo al punto, y aquí una de las paradojas más tristes de Colombia, ante los altos niveles de desigualdad en el país se puede ser parte del top 10 % de personas con mayores ingresos si su salario es de 2,5 salarios mínimos. Lo que esto oculta es que, teniendo este nivel de ingreso, también se puede ser parte de la población sándwich, y es por aquí que esta historia se complica.
“Una familia de la población sándwich con cuatro miembros, y uno solo que recibe un salario de $2,5 millones en un ejercicio de aritmética simple puede gastar un tercio de su ingreso en un crédito hipotecario de una vivienda nueva en la periferia de una ciudad colombiana. Otro tercio se va en gastos de comida y transporte para su núcleo, y el último es para asuntos varios, entre ellos los que acarrean la educación, el cuidado, entre otros”, expresó.
“No hay que ir al detalle en esta asignación general para saber que es un ciudadano que no puede ahorrar y, con bastante seguridad, a su crédito hipotecario se le suman otras deudas. ¿Son entonces estos colombianos los que deben echar la mano al resto de víctimas de la crisis cuando a duras penas pueden con ellos mismos en este momento?”, expresa acertadamente el economista.
Impuesto al patrimonio
El Ministerio de Hacienda también resaltó que se propondrá que el impuesto al patrimonio, que hoy es de 1% para los montos iguales o superiores a $5.000 millones, sea permanente; además de que se aumente la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%.
Para preservar la competitividad del país, se propondrá reducir la tarifa del impuesto de renta a 24% para las pequeñas empresas, mientras que la tarifa máxima será de 30% a partir de 2023. También se buscará eliminar las exenciones, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir desde ese mismo año. Mientras que hasta 2023 se mantendrían los beneficios relacionados con economía naranja y turismo y los de construcción de hoteles hasta 2025.
El Gobierno Nacional también propone crear instrumentos que reduzcan la contaminación, como la modificación del impuesto al carbono, la introducción de un impuesto local a los vehículos y el impuesto a los plásticos de un solo uso y al consumo de plaguicidas.
Las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) perderán beneficios y otro de los puntos contemplados es gravar las pensiones desde $7 millones.
La reforma se vende entonces bajo un mensaje en el que todos debemos poner para pagar los platos rotos de la crisis del Covid-19, pero a la vez los grandes grupos económicos ya mueven sus alfiles para que en el articulado final ellos tengan el menor daño colateral.
Si bien la reforma se anuncia como solidaria, poco o nada lo es, pues los pocos elementos redistributivos que tenga corren el enorme riesgo de esfumarse en el camino por un Congreso que está en año preelectoral y que ha ido discutiendo el texto de la ley en secreto, de espaldas a todos.
11 reformas en 20 años
Desde el año 2000 cuando gobernaba Andrés Pastrana hasta la fecha con el gobierno de Iván Duque se han aprobado 11 reformas tributarias, la que se presentará esta semana será la número 12.
Andrés Pastrana
Ley 633 de 2000: Trajo el gravamen a los movimientos financieros con una tarifa de 3×1000.
Álvaro Uribe
Ley 788 de 2002: En esta reforma quedó en firme la sobretasa de 10% de renta para 2003 y de 5% para 2004. Se aplicó una tarifa de 20% sobre la telefonía celular y una ampliación en la base de IVA.
Ley 863 de 2003: Se normatizó la ampliación de la base gravable del impuesto a la renta. Se creó el impuesto al patrimonio y se aumentó de 3×1000 a 4×1000.
Ley 1111 de 2006: Se planteó la eliminación a la sobretasa a partir de 2007. Se puso un aumento de 30% a 40% de la reducción de renta por inversión y algunos bienes pasaron a 16% del IVA.
Ley 1370 de 2009: En el impuesto al patrimonio la tarifa aumentó a 2,4% para mayores de $3.000 millones y de 4,8% para más de $5.000 millones.
Juan Manuel Santos
Ley 1430 de 2010: Esta reforma dio paso a la eliminación de la deducción en renta por inversión, así como a la sobretasa de 20% al consumo de energía eléctrica al sector industrial.
Ley 1607 de 2012: Se creó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, el impuesto a las ganancias ocasionales, y algunos servicios fueron gravados con tarifa de 5%.
Ley 1607 de 2013: Trajo la creación del Impuesto mínimo alternativo (Iman) y el impuesto mínimo alternativo simple (Imas), los cuales eran nuevos sistemas del impuesto de renta.
Ley 1607 de 2014: Se mantuvo la tarifa de 4×1.000 hasta 2018, para iniciar desmonte gradual desde 2019. Se creó el impuesto a la riqueza y la sobretasa al Cree.
Iván Duque
Ley 1809 de 2016: Impuso el aumento del IVA de 16% a 19%, como está actualmente.
Ley de Financiamiento de 2018: Se propuso una reducción gradual del impuesto de renta a 30% en 2020, y un descuento total del IVA por la adquisición de bienes de capital y descuento de mitad del ICA.
Ley de Crecimiento de 2019: Tiene como base el texto anterior pero tras declararse inexequible, esta incluyó devolución del IVA para hogares vulnerables, tres días sin IVA al año y reducción en aportes de pensionados.
