Luis Alfonso Albarracín Palomino
Con mucha preocupación la sociedad colombiana, están escuchando a los integrantes que conforman el equipo económico del presidente Electo Gustavo Petro Urrego, sobre la anunciada reforma tributaria que van a presentar al legislativo, una vez se posesione el próximo siete de agosto. Si la modificación de la estructura tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque Márquez el año pasado, que buscaba un recaudo de 23 billones de pesos, se convirtió en el principal motivo para que se presentara el estallido social a partir del 28 de abril de 2021, protagonizado por los sectores sociales que fueron artífices del triunfo Petrista en las pasadas justas electorales. El objetivo, es recaudar 50 billones de pesos, pero según los expertos de corte neoliberal que lo acompañan, solo lo van a pagar 40 mil contribuyentes que poseen activos superiores a los mil millones de pesos. Se busca que, los empresarios sostengan la mayor parte del recaudo de este proyecto como una muestra adicional de su compromiso social para poder cumplir con las metas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Este cuento no lo creen los sectores vulnerables del país.
El nuevo gobierno de Petro que asume el próximo 7 de agosto, deberá ser creativo e innovador para equilibrar sus finanzas públicas sin afectar los exiguos ingresos de las familias colombianas. La pasada reforma tributaria aprobada el año anterior por el Congreso de la República, cuyo objetivo era recaudar 15,2 billones de pesos para enfrentar la crisis social y económica desatada por la pandemia del Covid. Recordemos que el articulado de la llamada ‘Ley de inversión social’ avanzó normalmente el trámite legislativo, quedando aprobada por amplias mayorías, a pesar del retiro de la bancada de la oposición. Esta es una iniciativa legislativa que, surgida de la urgencia, no solo de mitigar el creciente impacto fiscal de la lucha contra el coronavirus, sino también para financiar las ayudas y los subsidios gubernamentales. Ahora se busca que la pretendida reforma sea aprobada por los demás sectores políticos. Qué gran contradicción en menos de un año.
Para muchos expertos en esta temática, esta reforma es inoportuna, sobre la implicación que genera para los agentes económicos del país. Aunque el costo mayor lo lleva el sector empresarial del país, todos sabemos que dichos incrementos en sus costos de producción necesariamente son trasladados a las familias colombianas, a través de los aumentos de precios en los bienes y servicios que consumen. Ahora nos quieren hacer creer que dicho esperpento tributario solo lo van a sufragar los grandes contribuyentes en Colombia. Que gran equivocación.
La anterior afirmación, aunque parezca inconveniente dentro del contexto de la racionalidad económica, la realidad es que, ante cualquier incremento de los impuestos al sector empresarial, va a generar un alza en los costos de producción de los bienes y servicios. Por lo tanto, no los van a sufragar los propietarios de estas organizaciones. Se los van a trasladar directamente a los consumidores. No esperemos que sus tasas de ganancia se sacrifiquen. Toda la sociedad de manera indirecta, terminaremos pagando los recursos adicionales que se obtengan de esta pretendida reforma tributaria. Es la pura realidad. El paganini será la sociedad colombiana, así traten de disfrazarla el alto equipo económico del próximo gobierno nacional.
La magnitud del déficit, la profundidad de la crisis y la fragilidad social hacen a la reforma merecedora de un debate técnico y responsable. Debemos ser más objetivos. Se deben buscar nuevas formas para buscar nuevas fuentes de financiación. Se deben buscar nuevas alternativas para subsanar este déficit fiscal que presentan las finanzas públicas del gobierno nacional. Hay que adoptar medidas severas para combatir la evasión y la elusión. Inclusive algunos expertos económicos han planteado una idea descabellada para los ortodoxos monetaristas.
¿Por qué no se explora la posibilidad de emitir dinero? Lo han realizado en otrora, los Estados Unidos y la Unión Europea, con el fin de superar las crisis fiscales profundas que han tenido durante las últimas décadas. Lo que debe primar, ante todo, es el bienestar de todas familias colombianas y no ahondar más la tragedia social y económica en que se encuentran sumidas. Igualmente considero que se debe reducir el tamaño del Estado y combatir con decisión la corrupción administrativa. Esperamos conocer el contenido de ésta y la decisión que asumirán el alto equipo económico, que está estructurando esta iniciativa alcabalera.
