Este viernes 16 de febrero, el Congreso de la República retoma sus actividades con la atención centrada en el paquete de proyectos de reformas sociales presentado por el Gobierno Nacional. Estas propuestas, que se enfrentarán a un primer semestre de 2024 crucial, se perfilan como una prueba de fuego para el futuro del gobierno, representando las banderas de su mensaje y campaña política.
En un contexto donde se percibe una debilitación del Gobierno en el Congreso, los analistas señalan que factores como el nuevo mapa político, resultado de las elecciones regionales del año pasado, podrían ejercer presión significativa.
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, destaca la influencia de los gobiernos regionales recientemente electos en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, que no necesariamente respaldan al Gobierno del presidente Petro. Esta reconfiguración del equilibrio de poder regional podría dificultar el camino para el Gobierno en el Congreso.
Cuervo anticipa que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en la aprobación de la reforma a la salud y parcialmente en la reforma pensional. Estos proyectos se presentan como un intento por impulsar sus iniciativas y evaluar las capacidades políticas en un contexto en el que también se promueven otras leyes, como la reforma tributaria de 2024, propuestas en educación, la rama judicial y servicios públicos.
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Después de su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud continuará su trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. Este documento, considerado uno de los más polémicos, cuenta con 133 artículos aprobados, incluyendo nuevos y eliminando 10 existentes.
Entre los aspectos destacados se encuentra el cambio de modelo de salud, formalizando los Centros de Atención Prioritaria (Caps), la transición de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, y las funciones administrativas asignadas a la Adres.
Una de las principales críticas al proyecto es la falta de aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, que ha presentado solo un estudio de factibilidad. Se estima que el proyecto generaría costos de $929.000 millones en 2024, aumentando a $7 billones en 2025 y continuando su crecimiento hasta alcanzar $10,78 billones en 2027, según el equipo jurídico de Dattis en un estudio.
En caso de avanzar en la Comisión Séptima y la plenaria del Senado, se anticipan demandas de diversos sectores, dejando a la Corte Constitucional con la decisión definitiva sobre el articulado. Actualmente, el texto se encuentra en la Comisión Séptima, y el Senado realiza audiencias públicas como parte del proceso de socialización previa a la discusión.
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