En un debate de control político adelantado por el Congreso, el senador Iván Cepeda denunció que la Registraduría ordenó a sus funcionarios destruir el material de los resultados del Plebiscito por la paz que se votó en el 2016.
El registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, aclaró que la instrucción para los registradores regionales fue destruir únicamente los votos de la jornada y en consecuencia siguen disponibles otros documentos para quien quiera eventualmente hacer la investigación sobre las presuntas posibles fallas en las cifra del censo electoral.
«La instrucción que se dio pasados cuatro años de la jornada electoral es la destrucción de los votos, más no de las actas de resultados, ni de la lista de votantes. Todos los documentos con toda la información de la jornada estarán siempre disponibles», explicó el alto funcionario.
Sin embargo, el funcionario reconoció que hay problemas de interoperabilidad, como por ejemplo entre las Notarías y la Registraduría, para actualizar en el menor tiempo posible el reporte de las personas que han muerto y evitar que se siga afectando el censo electoral.
«Nosotros sí tenemos acceso a la información, pero en algunos puntos no hay interoperabilidad. Por ejemplo, de las fuerzas armadas recibimos un archivo pero no hay un archivo automático que emita la información», explicó Farfán.
Frente a las irregularidades por cédulas inscritas irregularmente, el funcionario aclaró que el Código Electoral contempla modificar el periodo de inscripción del documento tras crear el concepto de domicilio electoral, que permitirá hacer una verificación periódica de la información.
Finalmente, el registrador delegado en lo electoral manifestó que es respetuoso de los derechos que tiene toda la ciudadanía de acudir a las instancias judiciales, para aclarar este tipo de situaciones electorales.