Amadeo González Triviño
El derecho a participar con el voto en cada elección, ha tenido siempre un gran protagonista en la protección y defensa de dicha decisión popular, función que le ha sido atribuida a la Registraduría Nacional, institución que cuenta con funcionarios de carrera y destacadas personalidades del orden civil y democrático que han mostrado siempre una imagen de lealtad y rectitud en el cumplimiento de la función pública.
Con ocasión de que algunos partidos tradicionales, que nunca han entendido la trascendencia y la importancia de los derechos fundamentales, descubrieron que un reclamo de uno de los candidatos de otro partido y ante la ausencia de contabilización de votos que lo favorecían en las pasadas elecciones a partir del mero acto informativo de pre-conteo electoral la misma noche de la jornada electoral y la verificación posterior en escrutinios locales y departamentales ha dado lugar para formar un escándalo de impredecibles consecuencias y se pregonó irresponsablemente sobre la existencia de un fraude, como mecanismo distractor propio del amarillismo de los medios de comunicación y con el cual se garantizaría la permanencia de un periodismo subvencionado por el gobierno y sus instituciones.
Fraude que no ha existido, por cuanto una cosa es la comisión de un delito y la imputación de hechos constitutivos de adulteración de resultados electorales, al hecho de que en un momento un jurado o un escrutador haya pasado por algo signar o reconocer o establecer la verificación de un documento donde consta un resultado, para eso están los reconteos de votos, las reclamaciones y los escrutinios finales que están ordenados por la ley electoral, la cual aún hoy en día, sigue siendo desconocida por las grandes mayorías.
Lo que sucedió ya sucedió. Hubo desinformación, hubo reclamos mal hechos, hubo presencia de testigos electorales y apoderados de los candidatos que no tenían la menor idea de cuál era su papel en dichos escrutinios y sin embargo en aras a la defensa de la legalidad del voto y de la protección de dicho derecho ciudadano, los resultados hoy nos muestran una cara diferente de la composición del Congreso de la República a partir del 20 de julio del presente año.
Significativamente para muchos es evidente que ese silencio cómplice de quienes conocieron el proceso electoral se haya guardado para hacer respetar y reconocer la idoneidad de los funcionarios y empleados de la Registraduría Nacional, es un síntoma que deja mucho que desear y que sea la oportunidad de advertir que hasta el momento, no hay la más mínima prueba conocida de que un funcionario de esta institución haya adulterado documentos, haya desaparecido votos o haya ocultado información sobre dicho proceso electoral y mientras tal situación no se haya evidenciado, mal puede quedar todo en una simple argumentación intrascendente y sin importancia, sino que amerita y exige un pronunciamiento tanto de los medios de comunicación, como de los escrutadores que participaron en dicho proceso y especialmente del Poder Judicial, que ha sigo garante como claveros, como escrutadores y como guardianes de la legalidad y de la institucionalidad judicial y procesal colombiana.
Sea esta la oportunidad para resaltar que en el marco de la Registraduría Nacional, hay funcionarios destacados que merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad ante la afrenta de que han sido víctimas y por tanto, este mensaje está dirigido a ellos, para convocarlos a seguir firmes en la defensa de la institución y que sean celosos guardianes de la voluntad popular como lo han sido hasta la fecha y que si tienen conocimiento de situaciones que enloden o empantanen sus funciones, no duden en denunciar tales hechos con la certeza de que serán escuchados por las comunidades y por las autoridades, como corresponde y como debe ser.
