Solo bastó advertir en esta columna las implicaciones de tipo administrativo, disciplinarias, inclusive hasta penales, en las que estaban incurriendo quienes obstaculizaban el regreso de la rectora de la Universidad Surcolombiana, Usco, Nidia Guzmán Durán, para que a las pocas horas ya estuviera de nuevo en su cargo.
Debe completar su periodo personal que habia sido suspendido por orden judicial y le quedan mas de 43 meses en el cargo.
La funcionaria, fue elegida en consulta estamentaria y luego designada rectora por el Consejo Superior, mediante Resolución 020 del ocho de octubre de 2018.
A los pocos días la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de una Acción de Nulidad, que nadie esperaba, suspendió esta resolución y la dejó fuera cuando apenas llevaba ejerciendo el cargo un total de 4 meses 17 días.
La funcionaria salió y siguieron los enfrentamientos e interinidades en la rectoría de la universidad y esto le ha hecho mucho daño a la institución en todos los órdenes, atraso del desarrollo científico, la investigación y la proyección nacional, entre otros.
Luego de un poco más de tres años de lucha jurídica la rectora Guzmán Durán, regresó a su cargo en virtud de la sentencia unificadora T-7.978.671, de la Corte Constitucional.
El fallo de la máxima instancia constitucional ordenó, nada menos: revocar la decisión del Consejo de Estado, que suspendió su nombramiento y a todas luces había desconocido un precedente de la misma corporación en plenaria, respecto al ejercicio del derecho a ser elegido y acceder a los cargos públicos.
El Consejo de Estado afectó el principio pro-homine, que pone en los más alto los derechos humanos, (…más que un anhelo de la humanidad, el fundamento jurídico de las sociedades), que no fue tenido en cuenta en sus deliberaciones.
La rectora Nidia Guzmán Durán, contrario a lo que especulan sus contradictores, no debe ser indemnizada por el tiempo que estuvo fuera del cargo, le corresponderá terminar su periodo personal para el cual elegida.
El periodo de 4 años de la rectora se debe contar entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022, para un total de 1440 días o sea 48 meses de 30 días por mes, para efectos de contabilidad y nómina.
Y no es cierto que le falta menos, porque apenas llevaba 137 días ejerciendo el cargo cuando el Consejo Superior Universitario expidió la Resolución 002 de 2019 que acató la suspensión de los efectos del acto de su nombramiento y designó su reemplazo el 21 de febrero de 2019, es decir que estuvo en el cargo hasta el 20 de febrero de 2019, un total de 4 meses 17 días.
La rectora regresó a sus funciones por razón de la Resolución del Consejo Superior 018 del 26 de noviembre de 2021, que ordenó levantar la suspensión provisional y le devolvió sus efectos jurídicos a partir del 29 de noviembre de 2021.
En esas condiciones, su periodo es personal y no institucional, como se viene especulando, de acuerdo con él artículo 21/ 1 del Código de Procedimiento Administrativo.
De paso se ahorrarán los recursos de la universidad, que en otras situaciones, ascenderían a una alta suma por salarios dejados de percibir y las indemnizaciones de tipo laboral.
Es bueno precisar, que como consecuencia de la Sentencia unificadora de la Corte Constitucional el periodo efectivo de la rectora recomenzó el pasado 1º. de noviembre, o sea que le quedan por ejercer aún 3 años, tres meses y trece días.
Y como ahora tratan de estropear este nuevo proceso, es bueno repetir que su periodo es personal y no institucional, en virtud de que no existe una norma específica que determine esta situación.
Los periodos son institucionales como los de concejales, alcaldes, gobernadores y el presidente de la republica, que están basados en una norma concreta, a quienes se eligen para periodos taxativamente indicados de 4 años, y como el periodo de la rectora fue suspendido ahora deberá completarlo, así de suave.
En los últimos 25 años unos 8 rectores han sido removidos del cargo en idénticas circunstancias, obedeciendo a rencillas políticas que afectan, en últimas, el funcionamiento de la universidad.
Este tipo de situaciones, son una muestra innegable de que al interior del más importante centro educativo del Sur colombiano, convive enquistada una camarilla organizada en forma de grupo político que no ha dejado vivir en paz y en sana convivencia a la comunidad universitaria.
Tienen candidatos para todo, al Consejo Superior y los demás estamentos de la Usco, inclusive, candidatos para los demás grupos colegiados de la universidad, a los concejos municipales, asambleas, alcaldía y gobernación.
Que aspiren en política es constitucional, no se puede evitar ni prohibir, ni coartar, porque es un derecho constitucional, es un fundamento de los derechos humanos, además, porque no está mal y vivimos en un país democrático.
Lo que está mal visto e inclusive fastidia, es que a todo proceso le aplican política de color partidista con todos sus vicios, cuando la academia maneja asuntos políticos de promoción y desarrollo lejos de la politiquería, que no deben ser partidistas, ni que sometan a la universidad como fortín electorero.
La universidad Surcolombiana, fue fundada en 1.970, tiene 16 mil estudiantes en sus tres sedes y con sus 51 años de existencia ahora debe ser proyectarla para ubicarla al nivel de las más importantes del país, aunque ya tiene sus programas propios y, no son pocos sus egresados los que han brillado en el panorama nacional e internacional. Ayudemos a la Universidad.
