La iniciativa pretende reducir la abstención en el país. La medida ha generado toda clase de reacciones.
En las últimas elecciones presidenciales en 2018 en la segunda vuelta la la Registraduría Nacional de Estado Civil reportó que el abstencionismo fue del 46,96 %, ya que solo sufragaron 19.511.168 colombianos de las 36.783.940 habilitadas para votar. A pesar de que se trata de una cifra abultada de personas que decidieron no sufragar, ese registro fue el más bajo en 20 años en el país.
Con el propósito de hacer frente a este abstencionismo, , ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca implementar el voto obligatorio en Colombia, lo que podría exponer a una sanción económica –por medio de una multa– a quienes decidan no acudir a las urnas a depositar su voto, ya sea en blanco, nulo o por el candidato de su preferencia.
La iniciativa busca instaurar el sufragio obligatorio por los próximos 12 años en el país, fue presentada por el representante Jorge Benedetti, de Cambio Radical, quien planteó en que además de un derecho, el voto es un deber social que deberían ser cumplido por los colombianos habilitados para ir a las urnas.
“Con este proyecto se busca lograr que se reglamente el deber de votar en el país. Se busca que sea un deber obligatorio para todo colombiano durante un periodo de 12 años después de su aprobación.
Así se quiere enfrentar los altos índices de abstención y proteger los recursos públicos destinados a los comicios”, explicó el representante.
A nivel mundial, esta es una medida que ya se aplica, pues actualmente 27 países obligan a sus ciudadanos a votar: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Gabón, Grecia, Honduras, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay.
Esta propuesta de obligatoriedad en el sufragio no es nueva en Colombia, pues en los últimos 20 años fue impulsada en varias ocasiones en el legislativo y en una oportunidad desde el ejecutivo, esta última en la reforma política que presentó en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no ha podido prosperar.
