En audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, víctimas del Bloque Sur de las extintas Farc-EP en el Huila y Caquetá, relataron sus testimonios en la búsqueda de justicia. Durante la jornada, el magistrado Carlos Mejía aseguró a las víctimas que la responsabilidad de probar los hechos recae en la jurisdicción y no en ellas.
Diario del Huila, Primer Plano
En un emotivo e intenso encuentro, se llevó a cabo la sexta jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas del Bloque Sur de las extintas Farc-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este proceso, parte del Caso 01 que investiga los secuestros y delitos concurrentes durante el conflicto armado, siendo un espacio para que las víctimas compartan sus testimonios y busquen justicia.
La audiencia de este miércoles, que continuará hasta el viernes 17 de mayo, se centró en los relatos de las víctimas de los departamentos de Huila y Caquetá, afectados por la violencia de la Columna Móvil Teófilo Forero. Durante la sesión, las víctimas hablaron de desplazamiento forzado, desapariciones y torturas, con la participación de sus abogados y la Procuraduría General de la Nación. La jornada fue presidida por el magistrado auxiliar Carlos Mejía.
El magistrado Mejía inició la sesión dando la bienvenida a las víctimas, otorgando la palabra a las hermanas Diva Cristina y Martha Lucía Díaz Aponte. Representando a su familia, narraron el secuestro y asesinato de su padre, el comerciante Juan Antonio Díaz Calderón, y el secuestro de otros dos familiares.
El secuestro de Juan Antonio Díaz ocurrió el 26 de septiembre de 1998 entre los municipios de Algeciras y Campoalegre. «16 meses después, el 24 de diciembre de 1999, lo liberaron solo para que se enterara de que las Farc-EP también habían secuestrado a dos de sus familiares.»
Diva Díaz relató cómo su padre fue asesinado el 3 de octubre de 2000, en su lugar de trabajo, mientras buscaba desesperadamente formas de rescatar a sus familiares. «En esos 10 meses, como parte de su familia, adolorido por lo que estaba pasando empieza a buscar estrategias que le permitieran el rescate de estas dos familiares. Se hicieron muchas gestiones, pero todas fueron en vano porque lo terminaron matando», expresó Diva Díaz, quien también sufrió un atentado el 27 de febrero de 2001 por la misma organización.
Martha Díaz, por su parte, manifestó que la JEP les ha brindado la oportunidad de honrar a su padre y mantener vivo su recuerdo. «Da tanto dolor volver a traer todo esto a la memoria, pensé que esa herida estaba curada… Eso removió muchas heridas que pensé que habían cicatrizado. Sin embargo, me doy cuenta de que la impunidad causa más dolor que el mismo hecho. Todo quedó en el olvido», comentó Martha Díaz, añadiendo que su familia sufrió múltiples actos violentos durante el conflicto y que aún no comprende por qué fueron blanco de tanta crueldad.
La historia del señor G
Otro testimonio conmovedor fue el del señor G, un médico que por razones de seguridad prefirió mantener su identidad en el anonimato. Relató cómo fue secuestrado por las extintas Farc-EP; la primera de estas se registró en 1991 y la segunda, en 1998. En esta última, lo sacaron de una finca ubicada en el municipio Tesalia, en Huila, y el 13 de junio de 1999 fue liberado.
«Tengo seguridad de que fueron las Farc las que me secuestraron… El sufrimiento mayor lo vive la familia, es irreparable e irreversible para uno, tener que sacar a los hijos de la universidad, del colegio, dejar las cosas a la deriva… Yo era propietario de unos bienes rurales«, expresó con tristeza.
El calvario de Fabio Díaz Contreras y Luz Mila Tique Prada
Fabio Díaz Contreras y su esposa Luz Mila Tique Prada también compartieron sus desgarradores testimonios. Díaz fue secuestrado el 18 de febrero de 2009 mientras transportaba ganado en un bote en Solita, Caquetá.
“Subí río arriba hacia Caquetá, cuando estaban los señores de frente 32. Me hicieron bajar del bote, un guerrillero me hizo bajar y me sacó una armita y me dijo: ‘Suba hasta arriba. Que tenía que pagar una suma. Me pidieron 20 millones de pesos, bajaron a 14 millones… les dije que no tenía la plata. Resulta que yo les dije: ‘La única solución es que me dejen llamar al dueño del bote”, dijo la víctima, quien agregó que a través de ese conocido fue que pudo pagar su liberación.
“Yo tenía la venta de ganado, gasolina… pero ellos no dijeron que tenía que pagar impuestos por eso”, agregó Fabio Díaz, quien con la voz entre cortada expresó que era injusto lo que les pasó, pues, después del secuestro se fueron de la región y llegaron a Medellín. “Saber de qué tuve y que no tenía nada… sentirme en una forma de esas. Comprarme 50, 100 novillas, ¿a quedarme así?”, concluyó.
A su turno, Luz Tique Prada, esposa del señor Fabio, señaló que además del secuestro de su pareja fue víctima de extorsiones por parte de las extintas Farc-EP. “Pensamos que íbamos a terminar nuestra etapa en el Caquetá”, dijo Prada.
Lamentablemente, después del secuestro, la familia se vio obligada a abandonar la región y mudarse a Medellín. «Nos dejaron sin nada, como si fuéramos unos delincuentes. Llegamos a Medellín como unos desconocidos. Sin un peso. No teníamos plata. No teníamos a nadie. Eso fue doloroso», relató Luz Mila Tique Prada.
La brutalidad sufrida por la señora T
La señora T, otra víctima que prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, narró los horrores que vivió al ser secuestrada el 15 de diciembre de 1985 en Solita, Caquetá, por el Bloque Sur de las Farc-EP. Fue sometida a abusos sexuales repetidos por un guerrillero conocido como ‘Aldemar’.
Ella, por su rol como comerciante, iba a varios pueblos. Estando hospedada en un hotel en Solita fue abordada por hombres armados. “El tipo me aborda y con un arma me saca al frente, a una casa donde supuestamente alquilaban habitaciones que eran de madera. Me amarra y me deja ahí. Así continuó 19 días”, contó la víctima.
A los pocos días de estar secuestrada comenzaron los abusos sexuales. «El día quinto fue traumático. Yo me rehusé y me tira de espalda, y me lesiona la columna y me parte un brazo. Me ataba a la cama. Llegaba con unas granadas que descargaba en la mesa; las utilizaba torturándome cuando yo no accedía a lo que quería», contó entre lágrimas.
Posteriormente, se enteró de que Aldemar fue dado de baja por el Ejército. Sin embargo, los actos violentos no cesaron. En 1991, fue secuestrada durante unas horas en Caquetá por la antigua guerrilla debido a que ella y su expareja se negaron a pagar extorsiones. Estos eventos, junto con los desplazamientos forzados, le han causado problemas de salud que la han llevado a recibir tratamiento psiquiátrico y han provocado cambios significativos en su vida, incluyendo la pérdida de su patrimonio económico.
El sufrimiento del señor A
El señor A, otro participante en la audiencia, compartió cómo su esposa fue abusada sexualmente en una vereda de San José del Fragua, Caquetá, a manos de un integrante de las extintas Farc-EP conocido como ‘Casco Amarillo’ en 1999.
Al enterarse de lo sucedido, buscó a ‘Casco Amarillo’ y le dijo que informaría al comandante sobre lo ocurrido, pero este lo amenazó diciéndole: “No alcanzarás a ver al comandante, porque antes verás lo que voy a hacer”.
Quince días después, fue secuestrado por cuatro hombres, entre ellos ‘Casco Amarillo’, quienes le dijeron que era por orden de un comandante conocido en las filas como ‘Marcial’. “Me llevaron a un campamento en la misma vereda. Allí me tuvieron amarrado, acusándome de ser informante del Ejército y diciendo que me iban a matar. Yo les decía que no tenía nada que ver con ningún grupo armado, que solo era el catequista de la vereda”, relató el señor A. Durante su cautiverio, lo obligaban a trabajar con la madera. La víctima pidió justicia por todo lo que ha sufrido.
El camino hacia la justicia
Al finalizar los testimonios, el magistrado Carlos Mejía aseguró a las víctimas que la responsabilidad de probar los hechos recae en la jurisdicción y no en ellas. «Toda esta información contribuye a esa tarea de contrastación y contribuye a aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Nuestra labor como jurisdicción es investigar estos hechos que ustedes han venido a relatarnos», explicó.
La audiencia continuará con la esperanza de que estos relatos no solo sirvan para esclarecer la verdad, sino también para brindar a las víctimas un sentido de justicia y reparación por los horrores sufridos durante el conflicto armado en Colombia.
