El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, advirtió que la reparación integral a las víctimas requiere un esfuerzo fiscal, al año 2031, de $328 billones.
Según explicó el jefe del ente de control, teniendo como calculo la indemnización administrativa y colectiva, (que requiere de $65 billones para su ejecución), vivienda ($51 billones), alimentación ($27 billones), y retornos y reubicaciones ($15 billones), entre otras.
Así mismo, el contralor Córdoba alertó sobre el difícil acceso de población víctima de la violencia a vivienda urbana. Según el ente de control, se han otorgado más de 107.000 subsidios de vivienda entre 2012 y 2021, quedando pendiente un universo de más de un millón de hogares víctimas.
“Desde el 2003 hay en cuentas de ahorro programado 21.408 subsidios de vivienda urbana, teóricamente ya asignados, por $317.113 millones y en fiducias reposan $12.375 subsidios asignados por $527.855 millones”, señala el informe.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, reconocieron la gestión del Gobierno nacional e instaron a las entidades a que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas, con el fin de avanzar de forma contundente en la garantía de los derechos de esta población.
Según los informes presentados, el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación, se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas.
No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales. Los órganos de control y los miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia.
