La Consejería presidencial para la Estabilización, a cargo de Emilio Archila, y la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)para que antes de terminar el año 2021 se resuelvan 101 solicitudes de protección, presentadas por firmantes del acuerdo de paz, que no han sido atendidas.
En la decisión se advierte que han sido asesinados 296 firmantes del Acuerdo Final de Paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y estigmatizaciones.
«En el término de 60 días la Consejería Presidencial para la Estabilización deberá presentar un informe que evidencie la coordinación de acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y las autoridades que tengan responsabilidad directa, para que ajusten y aprueben el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial», expresó la sección, tras escuchar los informes presentados por la Consejería, la UNP y los representantes del partido Comunes.
“La prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos», dijo la magistrada Reinere Jaramillo, citando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el llamado al cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz.
Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar hizo un llamado a las entidades, señalando que, «la situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo (a los excombatientes)», afirmó y le dijo al director de la UNP, Alfonso Martínez, que cuando se habla de vidas humanas son “irrelevantes los datos sobre el porcentaje de gasolina y los viáticos utilizados por el partido Comunes».
La Sección también convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para la Estabilización para revisar, una a una, las diferentes situaciones de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección.
