La sociedad colombiana rechaza de tajo el asesinato de algunos integrantes de la Policía por el grupo narcoterrorista del Clan del Golfo. La oleada de muerte es la manera por parte de éstos, de enviar un mensaje al nuevo gobierno. Se dice que esta oleada de muerte y terror es la estrategia escogida por este grupo delincuencial para expresarle al gobierno del presidente electo Gustavo Petro Urrego, quien se posesiona el próximo domingo, en relación con su supuesta fortaleza y con miras a una posible negociación. Vaya manera. Todos recordamos las páginas más dolorosas del actuar de los criminales en Colombia, suele aflorar la del macabro plan de Pablo Escobar de pagar una suma un millón de pesos, por cada policía asesinado en Medellín a finales de la década de 1980. Ahora la historia se repite. Los medios de comunicación están registrando estos acontecimientos macabros que han enlutado a 36 familias de agentes de la policía vilmente asesinados a mansalva.
Los han colocado en la mira del accionar delincuencial por el solo hecho de portar un uniforme. De acuerdo con el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), han muerto en el país en hechos violentos relacionados con el servicio 36 policías y 53 militares durante el presente año. No les interesa la humanidad de estos seres humanos. Y con tragedias particularmente dolorosas como la de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, que se encontraba en embarazo, murió el domingo pasado en Medellín luego de haber sido atacada en Yarumal, Antioquia. Es un hecho que también segó la vida de su compañero de labores, el subintendente Sergio Yepes. Zuleta se encontraba en estado de embarazo.
Dos hechos abominables que se suman a las de las familias de otros cinco policías, de un soldado y de dos civiles que han muerto en ataques atribuibles a esta organización y que ocurrieron en la segunda quincena de julio. Con asesinatos cobardes como éstos, solo consiguen enviarle a toda la ciudadanía el mensaje de que se trata de una organización capaz de cualquier cosa, despiadada en su proceder. Y con ello no obtienen sino el rechazo y el respaldo a las autoridades, que siguen en la tarea de combatirla. En la violencia irracional no puede existir cálculo político alguno ni posicionamiento de un grupo criminal como el Clan del Golfo de cara a anunciados diálogos de sometimiento con el nuevo gobierno. Son actos atroces que están rompiendo familias, generando terror, causando zozobra y que ameritan el rechazo contundente por parte de todo el país. No hay paz sin los policías y militares que están en las calles jugándose la vida por la democracia colombiana. Merecen respeto, protección, y nuestro acompañamiento.
